Acuña admitió que no habrá igualdad en la oferta educativa virtual, pese a un fallo judicial que lo ordena

Volvió la presencialidad escolar para niveles inicial y primario en la Ciudad de Buenos Aires, y con ella se reinstalaron los reclamos de virtualidad por parte de gremios docentes –que realizan un paro este lunes para exigir esa medida- y colectivos de familias preocupadas por el nivel de contagios de coronavirus en el distrito. La ministra de Educación, Soledad Acuña, admitió que el Gobierno de la Ciudad no garantizará una oferta educativa igualitaria para quienes por distintos motivos opten por su derecho a no asistir a las aulas.

“Le vamos a dar elementos para la continuidad pedagógica, pero no podemos garantizar que cada chico tenga la misma oferta educativa que los que van de forma presencial”, dijo la ministra en una entrevista con LN+. Lo dijo tras afirmar que no se computarán faltas ni se pondrán en riesgo las vacantes para quienes no asistan de forma presencial (algo que no siempre se cumple, según denuncian las familias). Al mismo tiempo, pidió a madres y padres que vayan a las escuelas para observar el modo en que se respetan los protocolos de cuidado.

La afirmación de Acuña va en contra de una resolución judicial que ordena al GCBA garantizar la educación virtual “en condiciones de razonable igualdad con quienes lo ejercen a través de la modalidad combinada”. Así lo estableció la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario en la causa “Ruibal Mariana Beatriz y otros contra el Gobierno de la Ciudad”. Se trata de un amparo presentado por la Asociación Civil Compromiso Ciudadano en representación de medio centenar de familias de la escuela Mariano Acosta.

“Tienen que cumplir, fue justo antes de las restricciones, pero están obligados a cumplir. Tienen que brindar clases y no tienen que pasar inasistencias”, remarcó la abogada Miriam Medina, de Compromiso Ciudadano. La causa fue iniciada en febrero y obtuvo un fallo en contra en primera instancia, pero luego la Cámara lo revirtió. “Fue una lucha muy peleada en la Cámara porque llamaron a audiencia conciliatoria, nos presentamos los padres, los abogados, el Gobierno de la Ciudad, el Ministerio Público Tutelar y fue una audiencia terrible. El GCBA no quiso de ninguna manera flexibilizar, hacer lugar a lo que estábamos pidiendo. Les dijo a los padres que manden a los chicos al colegio, que les aseguraban que no se iban a contagiar, que se cumplían las condiciones. Los padres les decían que ni siquiera hay papel en los baños, que hay ratas. Era una audiencia para llegar a un acuerdo, pero no hubo y resolvió la Cámara a favor”, relató la letrada. Y planteó que el caso sentó presente y desde otras escuelas están preparando pedidos de amparos. “En este fallo lo que dice es que tienen que garantizar la educación de la misma calidad que la de quienes van presencial. Hay una orden judicial y lo tienen que cumplir”, insistió.

No es la única causa en la que se brega por este derecho, aunque es la que llegó más lejos. También se espera respuesta en el marco de un expediente iniciado por la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que reclamó conectividad y dispositivos tecnológicos para barrios populares durante la pandemia, y luego especificó la exigencia para garantizar el derecho a la educación virtual para estudiantes exceptuados o que no asistan por distintos motivos.

“Habíamos pedido esa medida cautelar en enero. Aún no se resolvió: en mayo volvimos a pedir que se resuelva y entendemos que lo harían pronto. Sigue siendo relevante, urgente e importante. Lo que decimos es que más allá de la presencialidad, hay personas que no vuelven o incluso los regímenes de presencialidad no son totales por lo que se siguen requiriendo políticas y recursos para que todas las personas tengan acceso a conectividad y dispositivos para su derecho a la educación”, explicó Guillermina Greco, abogada de ACIJ.

En tanto, está en una especie de ‘limbo’ jurídico otro expediente presentado por decenas de familias de escuelas públicas y privadas, representadas por el colectivo Nace un Derecho, para exigir que no se computaran las faltas y se garantizara educación virtual. En esa causa, el juez Guillermo Scheibler ratificó que los padres y madres pueden optar por la modalidad virtual para la educación de sus hijos, pero la medida se dio a conocer antes de la decisión de la Corte Suprema que avaló la presencialidad impuesta por Horacio Rodríguez Larreta. La Ciudad apeló el fallo y recusó al juez, por lo que la causa está provisoriamente en otro juzgado, mientras crece el número de familias que adhiere a la presentación: ya son más de cien.

“Al día de hoy, si bien hay muchas dudas entre los padres, para nosotros la cautelar se otorgó en base a una serie de cuestiones jurídicas que tienen que ver con el interés superior de niño y está vigente todo lo que invocamos. Pero está en un limbo absoluto, nadie sabe qué hacer, los jueces no saben qué hacer. Seguimos insistiendo, desde el 19-20 de mayo que venimos con la nueva cautelar (por el vencimiento del DNU) y 10 días después no tenemos una respuesta certera”, cuestionó el abogado Hernán Mirasole.