Acusan al juez De Giorgi de meterse en otro fuero

Especialistas en Derecho Laboral cuestionaron la intervención al Sindicato de Canillitas (Sivendia). Las fuentes coincidieron en señalar que el juez federal en lo Criminal y Correccional N°8 de la Capital Federal, Marcelo Martínez de Giorgi, se habría entrometido en un fuero que le es ajeno: la Justicia de Trabajo.

En un controvertido fallo, Martínez de Giorgi ordenó hoy a Gendarmería allanar las oficinas de Sivendia, en Venezuela 2635, al mismo tiempo que intervino el sindicato y suspendió a su secretario general, Francisco Omar Plaini, de quien sospecha que asumió a su cargo de manera fraudulenta en 2013. Lo acusan de falsificar documentos y las actas de algunas asambleas.

Según plantean los abogados laboralistas, la resolución ataca la Ley 23.551 que rige las Asociaciones Sindicales. Puntualmente denuncian que se estarían violando artículos como el 62 y el 59 en los que se establece que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo es la que tiene competencia exclusiva en este tipo de casos.

“El juez no tiene competencia para expedirse sobre la legalidad o no legalidad del proceso eleccionario ni tampoco para intervenir el sindicato”, explicó el abogado Leandro Recalde, quien integra el reconocido buffet de su padre, el diputado nacional Héctor Recalde.

“Menos aún cuando ya existe una sentencia firme en relación a este punto”, sostuvo el abogado laboralista al recordar que la Sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo avaló ese acto electoral por el cual Plaini fue reelecto. “Que este juez resuelva si tiene que ir preso o no… pero no puede intervenir el sindicato”, insistió Recalde.

Tiempo también dialogó con un juez que lleva décadas en el fuero laboral, quien sostuvo que el fallo de Martínez de Giorgi vulnera derechos ya adquiridos como los suscriptos ante la Organización Internacional del Trabajo: “Afecta los convenios 87 y 98 vinculados con ´la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación´” que datan de mediados del siglo pasado.

La fuente analizó que «una cosa es afirmar la existencia de un delito y otra totalmente diferente es determinar las consecuencias de ese acto sobre lo electoral (principio de trascendencia de las nulidades) que corresponde exclusivamente a la Cámara de Trabajo y, más aún, la intervención de un sindicato cuyas autoridades prácticamente han agotado su mandato». El juez ironizó: “El juez federal se está haciendo cargo de decisiones que deben correr por cuenta de la justicia laboral. Es como que un juez penal vaya a casar a dos personas”.

Por su parte, Martínez de Giorgi impuso un embargo sobre los bienes de Plaini por un monto de 200 mil pesos y también procesó a la escribana María Emilia Rodenas por falsedad ideológica de instrumento público.

La palabra de Plaini

«Esto no corresponde. Siempre estuvimos a derecho. Y hoy cuando llegamos nos encontramos con un sindicato de trabajadores con seis micros de Gendarmería, cien gendarmes. Nos duele el alma», expresó el secretario general de Canillitas desplazado por el juez federal.

En una improvisada conferencia de prensa, Plaini recordó la elección que está bajo la lupa: “Sacamos el 89% de los votos en aquel momento, lo cual fue ratificado en un fallo unánime por la Corte Suprema de Justicia. Nosotros pedimos la prescripción de la causa. Pero cambiaron la carátula, y avanzaron por adulteración de documento privado».

«Aceleraron la causa por cuestiones políticas. Pedimos la nulidad de todo el proceso, la prescripción. Fuimos y nos presentamos. A los otros cinco compañeros que estaban imputados conmigo, los declararon libres falta de mérito y a mí me procesaron”, continuó Plaini, y analizó: “¡Qué sospechoso es todo esto! Hay una persecución política por habernos expresado pública y políticamente, se están violando todos los derechos».

Comisión normalizadora

El juez federal ordenó al ministerio de Trabajo de la Nación “la designación de una comisión interventora y normalizadora, debiendo convocarse nuevamente a asamblea extraordinaria para la designación de una Junta Electoral que llevará adelante el proceso electoral para la renovación de autoridades del SIVENDIA, una vez que se hayan subsanado las irregularidades”.