Esta semana declara el hijo de una de las jubiladas, Pablo Feijoo, señalado como el encargado de organizar la transacción. A su vez, se profundiza la investigación sobre los viajes, ahora se sumó uno a Aruba. Y también acerca de si la empresa de su mujer tiene algún tipo de contratación con el Estado.
Feijoo es hijo de Beatriz Viegas, una de las dos jubiladas que le financiaron a Adorni el 87% de la compra del departamento de la calle Miró, en Caballito. Y es quien, según declararon las mujeres, intervino activamente en la compra del inmueble al exfutbolista “Huguito” Flores, en mayo del 2025, a 200 mil dólares y, seis meses después, la venta a Adorni por 230 mil. Unas semanas antes de esa segunda operación, el 22 de octubre de 2025, el hombre fue recibido por el jefe de Gabinete en la Casa Rosada.
Este testigo, que deberá presentarse ante el fiscal Gerardo Pollicita el miércoles próximo, aparece como responsable de la venta vía dueño directo del departamento ubicado en Asamblea al 1100, de Parque Chacabuco, del cual Adorni quiere desprenderse.
La mayor parte de las expectativas que tienen los investigadores está puesta en que aporte detalles sobre su intervención en la compraventa del departamento de Caballito, en el que actualmente vive el jefe de Gabinete junto con su mujer Betina Angeletti y sus dos hijos.
En principio, lo que el fiscal quiere saber es cómo se gestó la compra de esa propiedad por parte de su madre Viegas y de Claudia Sbabo, la otra jubilada que fue propietaria. También se le preguntará sobre su vínculo con Adorni y si tuvo algún tipo de ganancia a partir de las gestiones que realizó para que las mujeres le puedan vender el departamento financiado al funcionario libertario.
El punto del financiamiento está entre las principales dudas. De momento, se sabe que las jubiladas vendieron el departamento apenas U$S 30 mil por encima del valor al que lo compraron. Y, de yapa, cada una le financió U$S 100 mil a Adorni, a pagar en noviembre de este año y sin interés. Justamente, esa modalidad de financiamiento es por demás llamativa y el fiscal quiere saber qué hubo detrás de ese ¿gesto?.
El trasfondo toma mayor relevancia si se tienen en cuenta las remodelaciones que tuvo el departamento y de las que se habría hecho cargo Feijoo. Este es uno de los puntos sobre el que se espera que se consulte a Claudia Rucci, de la inmobiliaria Rucci, que comercializó el departamento de Miró cuando Morales lo puso a la venta. Lo mismo con el encargado del edificio.
Otra de las dudas que los investigadores buscan despejar es si hizo algún tipo de acuerdo con Adorni en el que esté enmarcado, por ejemplo, su rol a cargo de la venta del departamento de la avenida Asamblea, como figura en el portal Zonaprop.
En los últimos días comenzaron a llegar las respuestas a algunos de los oficios que ordenó el fiscal Pollicita para obtener información registral, bancaria y fiscal. Ese material aún está bajo análisis y, a partir de lo que surja allí, durante la semana que comienza se definirá si corresponde pedir nuevas medidas o avanzar con los datos que hay y las testimoniales. Todavía nada se descarta, según fuentes judiciales.
Al entramado de compraventa de propiedades y gastos que no tendrían relación con los ingresos de Adorni como funcionario hay que sumarle las novedades que hubo en los últimos días en la causa del vuelo privado a Punta del Este. Allí, el fiscal viene de pedir informes a Migraciones y otros organismos y en los últimos días confirmó el viaje a Aruba que hizo el funcionario con su familia entre el 29 de diciembre del 2025 y el 10 de enero del 2026.
Tras esa confirmación, el fiscal -que también interviene en ese expediente- busca por estos días confirmar en qué hotel se alojaron y los gastos que tuvieron. También se espera que llegue información que permita confirmar e incorporar a la causa la escapada de cuatro días que Adorni y su familia hicieron al lujoso hotel Llao Llao de Bariloche, en junio del 2024, tal como reveló El Destape. Ese viaje todavía no consta en el expediente.
La mira judicial también está puesta sobre la pareja del jefe de Gabinete. No sólo en la causa por enriquecimiento ilícito y la de los viajes, sino en otra impulsada en los últimos días por el fiscal Carlos Stornelli, que apunta a investigar si hubo contratos entre el Estado y las empresas vinculadas a Betina Angeletti. Lo hizo a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex integrante de las filas libertarias, Marcela Pagano.
Stornelli pidió a diferentes organismos públicos, como la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Oficina de Contrataciones de Jefatura de Gabinete, que den información sobre la composición societaria y eventuales convenios entre el Estado y varias empresas privadas. El objetivo es verificar si la consultora MásBe, de Angeletti, tuvo o tiene relación con alguna de ellas y si, a su vez, fueron contratistas del Estado.
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