Los fiscales especializados señalaron el lento avance de los juicios.
En su informe periódico, la Procuraduría encabezada por el fiscal general Jorge Auat y Carolina Varsky analizó el estado de las causas hasta el 30 de junio. Desde los primeros juicios orales en 2006, se llegaron a dictar 163 sentencias en las que fueron condenados 689 acusados y resultaron absueltas otras 68. Los procesados actualmente son 846, que deberán ser juzgados en los próximos años.
En lo que va de este año se dictaron apenas nueve sentencias y se definió fecha de inicio para otras nueve causas, números que muestran un leve retroceso con respecto a años anteriores (en 2014 y 2015 terminaron 21 y 20 juicios respectivamente). Además, menos del 30% de los condenados tiene sentencia firme.
«La consecuencia más evidente de estas demoras es la muerte de los actores del proceso. Es decir, de las víctimas, los familiares y los imputados, que en algunos casos fallecieron en el transcurso de un juicio postergado e interminable. En la megacausa ESMA Unificada, por ejemplo, de los 67 imputados iniciales 11 de ellos fallecieron durante el desarrollo del juicio», señaló el informe.
Otro dato preocupante que identificó la Procuraduría es que de la totalidad de imputados, 2436, menos de la mitad se encuentra detenido, 1056. El resto se encuentra fallecido (16 por ciento), prófugo (2 por ciento) o, en su mayoría, en libertad (38,5 por ciento).
De la totalidad de los imputados detenidos, apenas el 53% se encuentra en una prisión y 462 acusados están presos en su domicilio.
A diez años de haber retomado los juicios por los delitos de la última dictadura, los fiscales especializados señalan que se trata de «un proceso consolidado, pero con demoras»: «Estos diez años de justicia sostenida en el tiempo comienzan a mostrar algunos signos de ‘agotamiento’ o de ‘baja en el ritmo’ de las investigaciones», agregaron.
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