Advierten que el acuerdo con EE UU “atenta contra la salud pública” y genera “menos acceso” a medicamentos

“No se trata solo de una disputa técnica: está en juego la capacidad del Estado argentino de proteger la vida y la Salud de su población frente a los intereses del capital transnacional”, denunció Fundación GEP. Alertó que se busca erosionar los criterios de patentabilidad vigentes en el país, que generaron “ahorros multimillonarios para el sistema público de salud”.

El acuerdo entre los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump aún no se conoce en su letra chica, pero ya hay múltiples advertencias sobre sus implicancias. En relación a su impacto sobre la industria farmacéutica y el acceso a medicamentos, la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) alertó que “atenta contra la salud pública” y se traducirá en “menos medicamentos, más monopolios”.

“Denunciamos que el marco negociado por Javier Milei y Donald Trump para un ‘Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos’ contiene entre sus elementos clave puntos que dañan profundamente el sistema de Salud pública de nuestro país”, advirtió la Fundación mediante un comunicado.

Remarcó que la aceptación por parte del Estado argentino de las aprobaciones emitidas por la Food and Drug Administration (FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) para dispositivos médicos y productos farmacéuticos sin la intervención de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) “no constituye únicamente una afrenta a la soberanía regulatoria nacional y a nuestro marco normativo sanitario. Esta medida implica una delegación de funciones críticas en materia de evaluación, control y autorización de tecnologías sanitarias, lo que pone en riesgo directo la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos que circulan en el país”.

Fundación GEP nació de la comunidad organizada de personas con VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis y fue creada en 2006 con el objetivo de mejorar el acceso a la salud, apuntando al acceso universal a medicamentos “con un énfasis en la eliminación de las barreras que generan las patentes farmacéuticas sobre tratamientos de VIH, Hepatitis C, Tuberculosis, Cáncer y COVID-19”.

Criterios de patentabilidad

GEP cuestionó que “bajo el eufemismo de ‘armonización normativa’, se busca erosionar los criterios de patentabilidad vigentes en Argentina, que han sido reconocidos internacionalmente por su rigor técnico y su compromiso con el acceso a la salud”.

Los criterios vigentes hasta ahora “no solo han impedido la concesión de patentes injustificadas —que en muchos casos responden a estrategias de ‘evergreening’ o extensión o perpetuidad de monopolios— sino que han generado ahorros multimillonarios para el sistema público de Salud”.

A modo de ejemplos: el esquema antirretroviral Emtricitabina + Tenofovir, utilizado para el tratamiento del VIH, a partir de su no patentabilidad permitió un ahorro de USD 394.029.145 en los últimos ocho años. Con patente el precio era de U$S 8,14 por comprimido. Sin patente, se adquiere a U$S 0,17. En cuanto al medicamento Sofosbuvir, para la hepatitis C, el ahorro estimado fue de USD 20.142.243: su precio patentado era de U$S 75,58 por comprimido y en Argentina ahora se paga U$S 4,34.

“Ceder ante las presiones para eliminar estos criterios implicaría desmantelar una herramienta clave de defensa sanitaria, jurídica y económica. No se trata solo de una disputa técnica: está en juego la capacidad del Estado argentino de proteger la vida y la Salud de su población frente a los intereses del capital transnacional”, denunció GEP. Y agregó: “Defender nuestros estándares de patentabilidad es defender la soberanía, la equidad y el derecho colectivo a los medicamentos esenciales”.

A favor de las multinacionales

En su comunicado, la entidad recordó que las guías que establecen los criterios locales “fueron atacadas judicialmente por la Cámara de Especialidades Medicinales -CAEME-, que aglutina a las multinacionales farmacéuticas, y que el Estado, a través de gobiernos de distinto signo político ha defendido las guías”.

A partir del nuevo acuerdo “que de recíproco no tiene nada, legitima un reclamo que no pudieron lograr en el sistema argentino, además que condicionarán la producción local, tanto pública como privada, redundando en precios excesivamente altos y por ende menos acceso”.

La Fundación concluyó que el acuerdo “está hecho a la medida de Estados Unidos y sus intereses; el gobierno de Javier Milei pretende convertir a la Argentina en una colonia donde el acceso a medicamentos y la salud de las personas esté gobernada por un puñado de empresas multinacionales”.

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