Lo aseguró el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, al referirse al cierre del proceso preventivo de acreedores de la empresa cerealera, y señaló que "los directivos son delincuentes de guante blanco que constituyeron el fugaducto del macrismo".
El diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe Carlos del Frade advirtió este lunes que «si no existe un acuerdo» en el cierre del proceso preventivo de acreedores de Vicentin, la empresa cerealera «irá a la quiebra» y de esta forma sus directivos conseguirán «la mejor manera de no pagarle a nadie y seguir con sus vidas fastuosas».
Esa posibilidad podría concretarse a fines de junio ya que, «en 17 días, el juez en lo Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini tiene el cierre del proceso preventivo de acreedores», señaló el legislador, que caracterizó a la compañía como «el fugaducto del macrismo».
«Esto explica al macrismo, que fue endeudarse para fugar», aseguró Del Frade, quien a su vez alertó sobre «una matriz de justicia muy oscura» en su provincia y definió al juez Nicolás Foppiani como «clasista» por haber dispuesto la libertad condicional del presidente de Vicentín, Omar Scarel, tras el depósito de una caución de medio millón de dólares.
Del Frade sostuvo que «faltan muy pocos días para que se cierre este capítulo de este capitalismo desaparecedor en los ’70 y fugador en el presente», por lo que reclamó que el gobierno nacional «se tiene que despertar».
En declaraciones a Radio Nacional, el diputado provincial advirtió que si en el cierre preventivo de acreedores no llega a haber un acuerdo, «Vicentin irá a quiebra, con lo cual 33 empresas que componen el grupo, 7.000 trabajadores en forma directa, más de 30.000 de forma indirecta, más las cooperativas estafadas de Santa Fe, Córdoba, Salta y la provincia de Buenos Aires, van a generar una cuestión social enorme, porque no van a quedar ni siquiera dueñas de su presente».
Del Frade indicó que en caso de producirse la quiebra «va a ser una cuestión muy impactante desde lo social» en las localidades de las provincias mencionadas en las que Vicentin tiene presencia.
Para el diputado, la quiebra es buscada por los directivos de la compañía porque «es la mejor manera de no pagarle a nadie y seguir con sus vidas fastuosas».
Del Frade sostuvo que faltan muy pocos das para que se cierre este captulo de este capitalismo desaparecedor en los
Del Frade sostuvo que «faltan muy pocos días para que se cierre este capítulo de este capitalismo desaparecedor en los
«Los directivos de Vicentin son delincuentes de guante blanco que constituyeron el fugaducto del macrismo», remarcó, al tiempo que señaló que el comercio exterior sigue estando manejado por Vicentin «de otras maneras, a través del grupo Viterra, que es Glencore, socio histórico de Vicentin».
Al respecto, manifestó que Glencore «tuvo que pagar US$ 1.500 millones en concepto de reparación por coimas y sobornos que pagó en todo el mundo».
«O sea que el comercio exterior argentino no solo está en manos de extranjeros, sino también de delincuentes», expresó.
Luego de manifestar que creía «muy sincero» al presidente Alberto Fernández, Del Frade aclaró que «eso no quiere decir que me guste lo que está haciendo» en lo referente a la causa Vicentin.
En ese sentido, dijo que después de la reacción adversa de los habitantes de Reconquista y zonas aledañas tras el anuncio de la intervención de la empresa en junio de 2020, lo que debió hacer Fernández es «aguantar los trapos y empezar a esperar».
Por otra parte, el legislador recomendó prestar atención a todo el proceso judicial, debido a que «ahora termina la causa en lo Civil y Comercial, pero después arrancan cinco causas penales».
En ese sentido, aseguro que «la plata de Vicentin está en paraísos fiscales».
Por último, rescató la labor del fiscal Gerardo Pollicita, quien «sacó el procesamiento de 19 funcionarios, entre ellos los expresidentes del Banco Nación Javier González Fraga y del Banco Central Guido Sandleris», y que en su investigación «demostró que entre agosto de 2019 y enero de 2020 se hicieron más de 1.400 transferencias desde el BNA a paraísos fiscales por US$ 700 millones, que le sacaron al pueblo argentino».
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