Aeropuerto El Palomar: ¿réquiem para un capricho?

En octubre de 2022 empezó la deserción expresa de las low cost. El Ceo de Flybondi, Mauricio Sana, dijo en el Foro de ALTA sobre el aeropuerto: “continúa cerrado y no tenemos previsto volver allí en 2023” (Vivíeloeste.com.ar, 19.10.22). Y este jueves Estuardo Ortiz, el Ceo de JetSmart, dijo que esa instalación tenía “grandes desafíos operativos. Es difícil pensar que Buenos Aires necesita tres aeropuertos. Por otro lado, habiendo experimentado la operación Aeroparque vemos que tiene un gran potencial de crecimiento y una ubicación geográfica en la ciudad muy positiva. En nuestros planes no figura irnos del Aeroparque metropolitano, gane quien gane las elecciones presidenciales” (Ambito Financiero, 3.8.23).

O sea, las dos están felices operando en Aeroparque y Ezeiza, y dejaron en el olvido a El Palomar.  Privaron así a Larreta, Bullrich y al ex ministro de Transporte Dietrich de una de sus banderas electoralistas: la tan proclamada reapertura del aeropuerto El Palomar. Quedó como una consigna vacía de contenido: ninguno de sus supuestas beneficiarias quiere seguir operando ahí. Usando el eufemismo de “desafíos operativos”, JetSmart parece aludir a los problemas de seguridad de esas instalaciones.

Parece un lógico final para una iniciativa que comenzó en 2017, impulsada por la gestión de Macri y Dietrich, sin atender los señalamientos en contra. La fuerza que siempre menciona el diálogo como práctica política no atendió los reclamos vecinales que advertían el impacto acústico y la inseguridad por su enclave en un trazado muy urbanizado. La Universidad de Tres de Febrero y la de General Sarmiento habían presentado sendos estudios que alertaban sobre estos problemas y desaconsejaban las operaciones, que fueron también desestimados.

Tampoco consideraron los pedidos de los organismos de derechos humanos para no modificar el lugar, dado que la ley nacional 26.691 impedía alteraciones materiales en “Sitios de memoria” que habían funcionado como centro clandestino de represión durante la dictadura militar, porque podían eliminar testimonios de los crímenes de “lesa humanidad”. Así lo reclamó la Red Provincial por los Derechos Humanos en una declaración de 2017, subrayando la “obligación legal del Estado Argentino de preservar las instalaciones y el predio de la Brigada Aérea de El Palomar”.

En enero de 2018 la Justicia hizo lugar al recurso de amparo de los vecinos para detener el comienzo de las operaciones aéreas: el gobierno acató el fallo por unas pocas semanas, pero ya en febrero reanudaron los vuelos olvidándose del fallo en contra.

Ese mismo año, el ahora candidato desplazado de “Juntos”, Franco Rinaldi, había desaconsejado al aeropuerto porque su “operatividad está prácticamente comprometida por una garúa (…) A El Palomar no sólo le falta ILS, también le falta extensión a la pista (…) y un ranurado que posibilite el drenaje para evitar la inundación de la pista cuando llueve” (Clarín 13.3.18). Al poco tiempo, cambió su opinión y pasó a ser un agitador a favor del aeropuerto, lo que habla de la seriedad de las opiniones del ahora conocido como odiador en las redes y auto denominado “experto aerocomercial”, promovido a candidato a diputado del Pro.

Pero en agosto de 2019 los vecinos consiguieron una nueva victoria judicial cuando la jueza Martina Forns estableció un cese de operaciones entre las 22.00 y las 07.00 horas para preservar el derecho al “descanso nocturno y reposo”. La jueza venía de denunciar que por otros fallos adversos al interés gubernamental, habían echado a su marido de la Inspección General de Justicia. Los reclamos vecinales consiguieron que la Corte Suprema tomara el caso en abril de 2019, que reclamó a organismos oficiales la Declaración de Impacto Ambiental obligatoria en estos casos, y que el gobierno no había realizado. El cambio de gobierno en diciembre de ese año llevó al cierre preventivo por los problemas de seguridad que presentaba. «La pista de El Palomar tiene cero vida útil, es posible que un día baje un avión y estalle la pista, yo no quiero un Cromañón», declaró Fernando Muriel, vicepresidente del ORSNA (Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos).

Y en abril de 2020, el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 pidió oficialmente el cierre por la prolongada contienda judicial, la pandemia, y el carácter de “deudores morosos” de las dos low cost, que habían “retenido para sí, ilegalmente, las sumas de dinero recaudado en concepto de Tasa de Uso de Aeroestación”. El Palomar se había “transformado en el aeropuerto de bajo costo con el mayor costo del país” (Ambito Financiero, 20.10.20). Cada pasajero, al usar y pagar la tasa de Aeroparque y Ezeiza subsidiaba al pasajero de El Palomar, mientras dejaba de efectuarse un subsidio federal para sostener el funcionamiento de los aeropuertos en todas las provincias.

Otro avatar penoso de El Palomar: ya en retirada, el macrismo lo usó para enviar de forma ilegal y clandestina armas y municiones en apoyo al golpe que derrocó al presidente de Bolivia en noviembre de 2019, lo que se conoció recién en julio de 2021 por denuncias del Canciller del vecino país.

Finalmente, en octubre de 2021 la Corte decidió mantener la suspensión de toda la actividad vigente hasta hoy. Aquí empezó la operación de confusión política que suele instalar el Pro en muchas intervenciones: responsabilizaban del cierre al gobierno “desconociendo” que lo había decidido el máximo tribunal de justicia. Alentando con esto la ignorancia en cuanto a la división de poderes, involucrando al Ejecutivo en una decisión del Judicial. Tal vez era el camino para no evidenciar que rechazaban un fallo de la Justicia y poder mantener la ficción de su acatamiento estricto de las decisiones judiciales, eludiendo a la Corte como contendiente en esta pelea y atacando al gobierno nacional.

Desde el cierre Judicial el Pro buscó mantener cierta agitación en torno a la reapertura del “aeropuerto low cost”, vinculando esa posibilidad con un triunfo electoral en octubre. Pero ahora que las low cost rechazaron categóricamente cualquier interés por el viejo aeródromo militar, perdieron una banderita de campaña. Un desenlace lógico, si se piensa que el proyecto avanzó sin escuchar las objeciones de distintos grupos de la sociedad.