Agendas divididas: los gobernadores tras la aprobación de la Ley Bases

La sanción de la Ley Bases marcó un parte aguas en el vínculo entre los gobernadores, que tuvo una incipiente coordinación nacional al comienzo del gobierno de Javier Milei. En medio de la tensión por los fondos que le escatiman desde la administración central, las estrategias y las alianzas para recuperar parte de lo perdido difieren, según el color político. Mientras que los gobernadores de la región centro, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) apoyaron con votos y gestos la política de ajuste del Ejecutivo Nacional, los mandatarios peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires)  y Sergio Ziliotto (La Pampa) marcaron su oposición desde un primer momento.

Los dos gobernadores peronistas que mantuvieron su postura opositora desde el comienzo de la gestión libertaria firmaron este viernes un convenio de colaboración, cooperación y asistencia recíproca, entre las dos provincias en materia de Seguridad, Salud, Educación, Formación, Ciencia y Tecnología, Gobierno Digital, Conectividad y Modernización. Es decir, casi una agenda completa de trabajo conjunto para «ratificar el federalismo». «Profundizaremos el trabajo conjunto con las provincias porque el federalismo no es optativo. Estamos aquí porque juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional», dijo Kicillof durante el acto, que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Casa de Gobierno pampeana.

Por su parte Ziliotto aseguró que el convenio «es en defensa de los que menos tienen y del federalismo, que es algo que no sólo venimos declamando sino también poniendo en práctica».

Ni Ziliotto ni Kicillof apoyaron la sanción de la Ley Bases, ni a través de los legisladores de sus provincias ni en sus posicionamientos públicos. De hecho, el gobierno nacional había intentado forzar a Kicillof para que diera el visto bueno al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi) por medio de la extorsión de quitarle la construcción del puerto petrolero en Bahía Blanca, producto del acuerdo entre YPF y Petronas.

Otro es el camino que recorrieron los mandatarios aliados a Milei que ahora ven menguados sus ingresos y hacen públicas sus quejas, pero que aportaron votos, gobernabilidad, y hasta el escenario del fallido Pacto de Mayo en Córdoba, donde el público libertario insultó al gobernador Llaryora.

Este jueves, horas antes de que se sancionara la tan demandada ley, el radical Pullaro, el peronista cordobesista Llaryora y el macrista Frigerio, se reunieron en la Casa de Gobierno santafecina y le reclamaron a la Rosada que reanude las transferencias de la Anses para el financiamiento de las cajas previsionales provinciales.

Pullaro dijo: «Nos bancamos los recortes en educación, nos bancamos los recortes de desarrollo social, nos bancamos los recortes en el transporte, nos bancamos los recortes en obra pública, nos bancamos que todas las transferencias secundarias a las provincias se hayan recortado en un 97% y nos hicimos cargo nosotros». Los tres mandatarios firmaron una declaración conjunta exigiendo una solución al gobierno nacional. En el caso de Santa Fe, la deuda acumulada de la Nación se eleva a los 800.000 millones de pesos, sólo 172.000 millones en lo que va de 2024. En el caso cordobés la deuda de este año asciende a 162.279 millones de pesos.

Por primera vez en lo que va de su gestión, el gobernador Llaryora aseguró que la Nación le adeuda $ 431 mil millones a la Caja de Jubilaciones de Córdoba. En ese contexto, el mandatario cordobés exigió una solución a la Anses, que depende del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. “Más allá de ser tres gobernadores de distintos espacios políticos, estamos poniendo por encima de cualquier cuestión ideológica los intereses de la Región Centro. Y esos son los intereses de cada uno de nuestros pueblos, porque el tema jubilatorio se vuelve un tema central y hay que empezar a darle definiciones concretas”, advirtió, Llaryora.

Las palabras más tenues fueron las de Frigerio, exmiembro del gabinete de Mauricio Macri, quien participó del encuentro y del reclamo y calificó la deuda por las cajas jubilatorias como «un viejo reclamo». «Es una inequidad que queremos corregir con consenso y diálogo. De última instancia, se judicializará la situación, pero no quiero llegar a esa instancia», pidió. En ese tono, Frigerio intentó mostrar su afinidad con el gobierno nacional al publicar en sus redes sociales, a la hora del encuentro con sus pares provinciales, un posteo del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre una reunión que habían mantenido el día anterior. «En Entre Ríos estamos haciendo enormes esfuerzos para ordenar nuestras cuentas públicas, siendo lo más austeros y eficientes posibles a la hora de gobernar», ponderó el ajuste Frigerio.

Más allá de los posicionamientos político ideológicos de cada mandatario, el ahogo a las arcas provinciales es una decisión explícita de la administración central, cuyo costo político cae en los gobernadores y no en el presidente, incluso sobre aquellos que todavía lo apoyan.  «