Cerca del 80% de la producción global de alimentos corresponde a la producción familiar. Investigaciones recientes señalan que su huella ambiental es menor a la que deja la agricultura convencional. Sin embargo, en Argentina se desarticularon las políticas de apoyo al sector.
Sin embargo, a pesar de la importancia de la producción agropecuaria familiar, sus impactos ambientales están poco documentados.
Para responder el interrogante, Hernán Dieguez, docente de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) comparó —en base a información satelital— el desempeño ambiental de predios familiares y no-familiares en Argentina y Uruguay.
“En el 96,8% de las comparaciones, el desempeño ambiental de las unidades familiares fue superior al de las no-familiares. Las producciones familiares mantienen más superficie de hábitats naturales —bosques y pastizales—, son más biodiversas, conservan mejor los suelos y ofrecen más servicios ecosistémicos”, señaló Dieguez al portal de divulgación científica “Sobre la Tierra”, de la FAUBA. Y agregó que este resultado se observó a través de las distintas regiones y sistemas de producción.
Dieguez sostuvo que el mejor desempeño ambiental se explicaría por el fuerte arraigo y los plazos largos de los agricultores familiares, quienes esperan transferir la tierra a la siguiente generación. “Eso los incentivaría a adoptar prácticas más sostenibles con respecto al ambiente”, apuntó.
“Las fincas familiares fomentan paisajes multifuncionales que proveen bienes muy variados, y eso trae beneficios ambientales, sociales y económicos. O sea: producen alimentos y productos básicos, y también contribuyen a brindar otros servicios ecosistémicos —como control de erosión o inundaciones, o formación de suelo—, aún más que las fincas no-familiares”, subrayó el docente.
No obstante, el investigador de la FAUBA lamentó que “pese a la importancia de la agricultura familiar, el actual gobierno argentino desarticuló casi todas las instituciones y políticas públicas de apoyo al sector, como el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el programa ProHuerta y la Dirección Nacional de Agroecología”, señaló.
“A esto se suma el desfinanciamiento y el vaciamiento institucional del INTA, que compromete muchísimo su capacidad de hacer extensión y brindar asistencia técnica a pequeños productores. Con esto, las fincas familiares pierden apoyo técnico y se vuelven más vulnerables económicamente”, puntualizó.
“Nuestro estudio expone la necesidad de inversión pública en políticas que apoyen la producción familiar. La producción familiar brinda beneficios colectivos, más allá de la renta que puede obtener el productor. Es necesario que se reconsidere el valor de la producción familiar, tanto en la provisión de alimentos como en la conservación y la resiliencia de los agroecosistemas”, concluyó
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