Inseguridad hídrica: a la falta de una política ambiental para proteger el agua se suma la privatización de AySA

El Gobierno insiste con la privatización total de AySA, la empresa de agua potable y saneamiento del área metropolitana de Buenos Aires, que quedó habilitada primero por el artículo 2 de la llamada Ley de Bases y este año por el DNU 493/2025 dictado el 21 de julio por el PEN, que impone un nuevo marco legal sin pasar por el Congreso y que permite la transferencia accionaria a privados.

La norma habilita la venta del 90% del capital accionario de la empresa en manos del Estado nacional, a diferencia del suministro eléctrico y gas de red concesionados en el pasado, mediante un proceso de licitación pública internacional y que, según el procedimiento aprobado, el 51% del paquete, es decir la mayoría accionaria, deben ser adquiridas por un solo operador estratégico. El resto sería ofertado en bolsas y mercados locales.

Este proceso será administrado y tendrá como autoridad de aplicación al Ministerio de Economía, que intervendrá junto a la unidad ejecutora especial denominada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, los que deberán tomar las medidas necesarias para asegurar que la privatización no interrumpa el servicio público de provisión de agua potable y recolección de desagües cloacales.

Con su entusiasmo habitual, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger venía hablando del sobredimensionamiento de la empresa, criticando el abultado presupuesto y el déficit financiero, por lo que no tuvo mejor idea que aplicar un fuerte recorte de fondos, despedir a cientos de trabajadores y buscar compradores para que el Estado entregue la operatoria de un recurso tan vital como escaso.

Es cierto que la situación de todo el país con respecto al agua es muy compleja y diversa, pero la importancia de AySA en el AMBA es relevante, ya que provee de agua potable a casi 11,5 millones de personas y tratamiento de desagües cloacales a 9,5 millones habitantes, lo que representa una alta cobertura en su área de influencia, que incluye a CABA y 26 partidos bonaerenses.

El agua como mercancía o como derecho humano

“Desde su creación, AySA ha sido deficitaria y ha dependido de una constante y relevante asistencia del Tesoro nacional”, argumentan desde la actual gestión de la empresa tras analizar los balances históricos y en favor del avance en la privatización. Pero omiten recordar que la sociedad fue reestatizada en 2006, luego que la concesionaria de Aguas Argentinas, la francesa Suez, no cumpliera con las obligaciones del contrato de concesión.

Esa decisión fue una respuesta política al status quo establecido en este vital servicio público desde su privatización en los 90 y, en dichos del entonces presidente Néstor Kirchner, establecía un cambio de paradigma al dejar de ver al agua como una mercancía y empezar a considerarla un derecho humano. Algo que ahora, con la decisión de Milei y su equipo económico de reprivatizar, vuelve a estar en peligro.

El gobierno insiste en que entre los ejercicios de 2006 al 2023 el Estado nacional realizó transferencias del Tesoro a AySA por la suma de US$13.400 millones. Eso significa que el Estado fondeó con un promedio de US$788 millones por año en ese período a la empresa encargada del agua y cloacas de un cuarto de la población total del país.

Entonces, aún con los máximos recortes de estructura, presupuesto y personal, qué tarifa debería aplicar la nueva concesionaria a los usuarios para que la empresa tenga equilibrio y obtenga un retorno acorde en un tiempo razonable. Esta pregunta no tiene aún respuesta, aunque se sabe que el año pasado AySA no invirtió un peso en mejorar la infraestructura, pero cuadruplicó el precio final del servicio. 

Mientras tanto, y como para entrar en calor con esta avanzada privatista, AySA fue habilitada para el corte del servicio domiciliario por una boleta impaga tras 60 días. Lo hizo, aún a sabiendas que existen fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que consideran el acceso al agua como un derecho humano autónomo y que exige al Estado la adopción de medidas positivas para resguardarlo. 

Por eso, la semana pasada el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Isabel Forns, dictó una medida cautelar solicitada por la Unión de Usuarios y Consumidores y su par Consumidores Libres, que frena por seis meses la aplicación de los cortes del servicio de agua por mora en los pagos.

El Estado ausente en el cuidado del recurso

«El agua no es gratis, tiene su precio, su valor y su tarifa, pero debe ir en equilibrio con las obligaciones del Estado de garantizar agua potable y cloacas para todos», declaró a la prensa el abogado y director de la Unión de Usuarios y Consumidores Claudio Boada. Y acá reside el revés de la trama, no sólo porque todavía 1 de cada 10 hogares urbanos no accede a agua potable segura, lo que involucra a casi 5,5 millones de personas, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, sino porque poco y nada hace el Estado nacional ante la evidente y diversa contaminación del recurso.

Agua y cloaca van de la mano, incluso porque la primera se contamina si la segunda no existe o es deficiente. Y así como ahora el Gobierno busca que el Estado se desprenda de AySA, a fines del año pasado disolvió el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, que se encargaba de la construcción de cloacas y acueductos en todo el país. Y en junio se degradó por decreto el Instituto Nacional del Agua.

Aunque el 85% de las viviendas en la Argentina cuenta con acceso a una red pública de agua, la seguridad del suministro varía según la región y la gestión del servicio, advierte un reciente trabajo de expertos de la Universidad de Buenos Aires. Casi el 60% de la población está expuesta al arsénico y en algunos lugares hasta el 30% del agua envasada a la venta tienen valores de nitrato por encima del límite recomendado.

Los contaminantes microbiológicos, como virus, bacterias y parásitos, representan la mayor amenaza para la salud, al transmitirse por la vía fecal-oral y causar enfermedades como fiebre tifoidea, cólera y hepatitis A. También existen contaminantes químicos, como arsénico, plomo y nitratos, que generan efectos a largo plazo, incluyendo enfermedades crónicas y distintos tipos de cáncer.

En varias provincias argentinas, el arsénico en aguas subterráneas constituye una grave preocupación, no sólo por el consumo humano directo a través del bombeo sino porque se utiliza para los bebederos de animales y el riego de cultivos. Y es que la exposición prolongada a este elemento provoca un cuadro clínico tipificado como Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), caracterizado por lesiones en la piel, tos crónica, fibrosis pulmonar y un mayor riesgo de cáncer de pulmón y laringe. 

Arsénico: un problema secular aún sin resolver

La discusión sobre los límites aceptables de arsénico en el agua sigue abierta, aclaran los investigadores, dada la necesidad de fuertes inversiones para su remoción. En esta línea resulta esclarecedor el Mapa del Arsénico en la Argentina, realizado por el Laboratorio de Ingeniería Química y Medioambiente del ITBA, una herramienta esencial para monitorear la presencia de este elemento tóxico en el agua de pozo y de red de diversas regiones del país.

No es el único, investigadores de la Universidad Nacional de Rosario realizaron a fines del año pasado un mapa de la población del país expuesta a arsénico a través del agua de consumo con datos de 12 provincias y detectaron que hay 17 millones de individuos, una cifra que supera más de cuatro veces los hallazgos anteriores, que rondaban los 4 millones de habitantes.

“La zona más complicada es la deriva oeste de Santa Fe y la deriva sur este de Córdoba. Santa Fe y Buenos Aires tienen 2 de cada 3 habitantes expuestos a arsénico, más del 60% de la población. Córdoba no llega al 30% porque el noroeste toma agua de otras napas que provienen de manantiales y no del acueducto”, aclara Alejandro Oliva, uno de los participantes del relevamiento. 

El 90% de este contaminante llega al agua de forma natural debido a la erosión de las rocas en los acuíferos. En menor proporción, existe también una contribución de actividades provenientes de procesos industriales (minería, fundición de metales, pesticidas, conservantes de la madera).

A esto se suma, en los últimos años, una nueva preocupación relacionada a contaminantes emergentes, sustancias como fármacos, productos cosméticos y pesticidas que han sido detectadas en el agua en concentraciones mínimas, pero su impacto ambiental y en la salud aún se estudia. También preocupa la proliferación de nanoplásticos y materiales artificiales no plásticos en las vertientes naturales de agua dulce, el agua de red y la embotellada.