Lo decidió el Consejo Superior ante la asfixia presupuestaria impulsada por el gobierno de Javier Milei. También acotarán las actividades de extensión e investigación. Esto ocurre previo a la gran Marcha Federal del 23 de abril.
La Resolución N° 322/2024 data del 10 de abril y fue motivada «por una reducción del 26% en términos nominales y del 80% en términos reales (respecto del presupuesto devengado 2023) del presupuesto de gastos de funcionamiento asignado para este año a la Universidad para las funciones de educación, salud, ciencia y técnica y hospitales universitarios ($26.152 millones en 2023 contra $19.461 millones en 2024, incluyendo la actualización del 70% desde el mes de marzo)», aclaran.
Un ejemplo de la imposibilidad de afrontar los gastos son las facturas de energía eléctrica, que se multiplicaron por casi 7 veces en el período abril 2023 – abril 2024: 577% de incremento). «Si comparamos esas mismas facturas, con lo abonado en febrero 2024, el incremento alcanza un 324% en tan sólo los últimos dos meses».
Ante ese panorama, empezaron a establecer pautas con el fin de «mitigar el crecimiento inercial del gasto que desencadenaría en la imposibilidad de poder afrontar los compromisos asumidos por la Universidad». Facultades como Exactas lanzaron un contador para calcular cuántos días de vida les queda. Exactas calcula a este martes que les quedan 44 días.
La Resolución ordena los siguientes puntos de restricciones, de los que quedan exceptuados los hospitales, como el Clínicas:
Desde la UBA sostienen que vienen encarando hace años planes de readecuaciones de servicios, como el Plan de reducción de alquiler de edificios, o la inversión en programas de medición y racionalización del consumo de energía eléctrica, gas y agua; la readecuación e incorporación de tecnologías en materia de seguridad en los edificios de la Universidad; y convenios con otras áreas del sector público para complementar, potenciar y generar sinergia de la inversión pública en diferentes organismos (ARSAT /
Conectividad, EUDEBA, entre otros).
Como reveló Tiempo el domingo, las universidades nacionales del país calculan en junio como la fecha límite hasta donde les alcanzaría el presupuesto actual.
«Por una factura de luz no van a cerrar las universidades«, respondió con su habitual tono socarrón el vocero presidencial, Manuel Adorni, al ser consultado de algo esencial: si el gobierno tomaría alguna medida ante la asfixia que denuncian las universidades por el ajuste presupuestario, mientras comienzan a recibir facturas de servicios millonarias.
«No va a haber ningún cambio presupuestario por las facturas de luz, no va a pasar eso», insistió, pese a que las advertencias que vienen haciendo las casas de altos estudios desde principios de año ya empiezan a ser realidad. El riesgo es tan inminente que podría no haber segundo cuatrimestre.
La Universidad Nacional de Comahue fue una de las primeras que alertó sobre la entrada en cesación de pagos. «Todavía no recibimos todas las boletas, pero ya lo estamos previendo y estamos priorizando, suspendiendo por el momento el pago de Aguas Rionegrinas, dando de baja una de las dos empresas de telefonía que teníamos. Además, no hicimos la convocatoria de becas de extensión y para jóvenes investigadores, es otra reducción cierta. Estamos priorizando el dictado de grado», detalló la rectora Beatriz Gentile en diálogo con Tiempo.
La participación de Gentile en el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), esta semana, se destacó por un dato que muestra el peso del crecimiento universitario en la historia reciente: «En 1970 éramos una población de 24 millones de habitantes. La matrícula universitaria era de 200 mil. En 2013 la población era de 42,5 millones y la matrícula universitaria de 1.500.000 estudiantes. Es decir que la población creció en un 77% y la matrícula universitaria en 40 años creció en un 750%. Ningún país puede mirar esto como un fracaso».
En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires encontraron el modo más gráfico de plasmar la gravedad de la situación: un contador de los días que restan con dinero del presupuesto para seguir en pie. Al cierre de esta nota, eran 47.
En este contexto se dio el nombrado plenario del CIN, con representantes de 73 universidades públicas. Las y los rectores resolvieron sumarse a la convocatoria de una gran marcha nacional, el 23 de abril, en defensa del sistema público de educación superior y contra el ajuste anticientífico del gobierno de Javier Milei. La CGT y las CTA anunciaron que se sumarán. Va camino a ser la primera movilización transversal contra la administración libertaria.
Foto: FEDUBA
«Hemos hecho un reajuste en torno al 70% del presupuesto«, dijo Adorni para dar la versión gubernamental de la situación económica de las universidades y poner en duda la situación de asfixia que denuncian. El físico Jorge Aliaga, exdecano de la Facultad de Exactas de la UBA, se cansó de desmentir ese porcentaje con datos.
«Las universidades nacionales negocian aumentos de gastos de funcionamiento cuando se hace el presupuesto. El actual gobierno se salteó ese paso. No tomó las partidas acordadas para 2024, si no sólo habría reclamo salarial por el aumento de inflación post devaluación. Se entiende entonces por qué aplicar un 70% de aumento a las partidas de funcionamiento 2023 es insuficiente. El incremento en el proyecto 2024 era del 168%«, explicó.
Ya en el momento del anuncio de ese 70%, semanas atrás, había enfatizado: «Eso es falso. El anuncio es sobre Gastos de Funcionamiento, que representa sólo el 5,9% del presupuesto universitario de febrero 2024″.
«Estamos funcionando con un presupuesto reconducido que hoy representa apenas 30% de los gastos de funcionamiento que deberíamos tener«, sentenció el rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Greco, tras el plenario del CIN. Y agregó: «La situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave y necesita urgente respuesta por parte de los poderes del Estado nacional».
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