Ajustes sin fin en Brasil: ahora recortan incentivos a empresas y reducen gastos públicos

El gobierno de Brasil anunció un ajuste de u$s 19.000 millones que consiste en el recorte del gasto público y el cese de incentivos impositivos a 50 sectores empresariales, para intentar enfrentar el déficit fiscal en el presupuesto de 2017.

La medida se produce luego de que el principal socio comercial de la Argentina sufriera la peor recesión de la historia, con la caída de 3,6% en la economía el año pasado y de 3,8% en 2015.

El anuncio fue realizado anoche por el ministro de Economía, Henrique Meirelles, y el de Planificación (presupuesto), Dyogo Oliveira, en el marco de la política de recortes del gasto público implementadas por el gobierno del presidente Michel Temer, que de todos modos prevé un déficit fiscal en 2017 equivalente a unos u$s 44.700 millones.

El sector empresarial reaccionó dividido por las medidas debido a que cesarán los incentivos en los aportes patronales en los salarios de los empleados a más de 40.000 empresas, una medida aplicada en 2011 por la entonces presidenta Dilma Rousseff para enfrentar la crisis internacional y una eventual ola de despidos. «No consideramos el fin de la exención un aumento de impuestos.

Es la eliminación de una opción adoptada por el gobierno anterior que no funcionó. No es un aumento de impuestos», dijo el ministro Meirelles en conferencia de prensa. Según detalló el ministro, el ajuste en el gasto público incluirá un recorte general en el gasto corriente de los ministerios de unos u$s 3.000 millones y en enmiendas parlamentarias que dependen del Poder Ejecutivo.

Además, habrá un recorte de u$s 3.000 millones en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), el megaplan de infraestructura inaugurado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2006, y una renegociación de contratos con cuatro centrales hidroeléctricas para aumentar la recaudación fiscal. El déficit fiscal brasileño en 2016 había sido proyectado por Rousseff (suspendida del cargo en mayo) en unos u$s 30.000 millones, pero cuando asumió Temer con un nuevo equipo económico esa cifra se duplicó.

Cincuenta sectores económicos serán afectados con el retorno de los impuestos de las cargas patronales menos el de transporte público, la construcción civil y los medios de comunicación. El presidente de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo, Paulo Skaf, un aliado de Temer y ex candidato a gobernador paulista por el Partido del Movimiento Democrático del Brasil (PMDB), dijo que «se evitó un mal mayor, el de crear nuevos impuestos».

Skaf comandó parte de la campaña por la destitución de Rousseff rechazando un plan de impuesto a las transacciones financieras que impulsaba la ex presidenta. Sin embargo, la Asociación Brasileña de Industria Textil y de Confección (ABIT) fustigó el paquete de ajuste.

«El fin de los incentivos es de hecho un aumento de impuestos y es tan malo como un aumento de la alícuota de las empresas. Otra vez apela el gobierno a buscar fondos en las empresas en momentos en los que se busca competitividad para recuperar la economía», dijo Fernando Pimentel, titular de la ABIT.

El sector aéreo también protestó al afirmar que perderá unos u$s 120 millones anuales con el regreso de las obligaciones de las contribuciones patronales en los salarios en blanco, dijo Eduardo Sanovicz, de la Asociación brasileña de empresas aéreas (Abear).

El gobierno de Temer logró imponer su mayoría en el Congreso y en diciembre realizó una enmienda de la Constitución de 1988 para fijar a partir de 2018 un techo en el gasto público durante dos décadas, una medida inédita en el mundo.

En ese marco, el gobierno apuesta a sancionar la tercerización de los contratos de trabajo para todas las actividades convertida en ley por la Cámara de Diputados, lo cual generó un anuncio de movilizaciones para mañana por parte de las centrales sindicales.