El desempeño del fiscal Raúl Garzón y el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros fue fuertemente criticado por organizaciones feministas y dirigentes de la oposición.
La denuncia por su desaparición fue presentada el domingo 24 de mayo, luego de que se perdiera contacto con ella durante la noche anterior. Sin embargo, allegados de la víctima y colectivos feministas cuestionan la velocidad con la que se activaron mecanismos clave de búsqueda, entre ellos la Alerta Sofía, que recién fue incorporada por el Ministerio de Seguridad el miércoles 27.
En los días siguientes, se desplegaron más de 200 efectivos policiales, drones y perros adiestrados que centraron los operativos en distintas zonas de la capital provincial. En tanto, se estableció que Agostina había viajado en un remís desde el barrio General Mosconi hacia el barrio Cofico para encontrarse con Claudio Gabriel Barrelier, el único sospechoso detenido por el caso, quien había mantenido una relación con la madre de la nena.
Se pudo reconstruir que la víctima le había dicho a sus amigas que le quería dar una sorpresa a su madre junto a Barrelier, quien quedó formalmente imputado por el femicidio, tras el hallazgo de los restos de la nena en la tarde de este sábado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. Además, la mamá confirmó que horas antes Agostina le había pedido el contacto telefónico del acusado.
Poco después de haber dado con el cadáver, el fiscal de instrucción Raúl Garzón, a cargo de la causa, brindó una conferencia de prensa que aumentó las criticas sobre cómo manejó el caso y el comportamiento general de los organismos del Estado por parte de organizaciones feministas, dirigentes opositores e incluso especialistas en criminalística que cuestionaron tanto la demora en determinadas medidas investigativas como el manejo posterior de la comunicación pública.
La rueda de prensa generó fuertes reacciones debido al tono adoptado por el fiscal que llegó a felicitar a los canes que encontraron los restos. El Frente Cívico de Córdoba, encabezado por el senador nacional Luis Juez, anunció que impulsará un pedido de jury por presunto mal desempeño, iniciativa que también evalúan acompañar sectores de la izquierda y la Asamblea Ni Una Menos.
La presión política también alcanzó al ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, cuya continuidad comenzó a ser cuestionada por sectores opositores y organizaciones de derechos humanos. Los reclamos apuntan a la coordinación del operativo de búsqueda, el despliegue de recursos policiales y la articulación entre las distintas áreas involucradas.
Quinteros intentó defender el accionar oficial y sostuvo que el principal sospechoso “mintió desde el primer momento”, además de asegurar que continúan los rastrillajes y que la investigación no descarta la participación de otras personas. Sin embargo, los cuestionamientos no se detuvieron. Diversas organizaciones nucleadas en Ni Una Menos ya anticiparon que exigirán formalmente su destitución al considerar que existieron fallas institucionales graves durante la búsqueda de la adolescente.
En paralelo, la figura de Barrelier comenzó a abrir una dimensión política que excede el expediente judicial. El único detenido por el femicidio trabajaba para estructuras vinculadas al municipio de Córdoba, estaba contratado en tareas relacionadas con el área de tránsito y distintos medios locales lo identificaron además como militante político con presencia en ámbitos partidarios y deportivos, ya que sería integrante de la facción de la barra de Instituto de Córdoba conocida como Los Capangas.
La investigación también volvió sobre un antecedente judicial que hoy genera fuertes interrogantes: Barrelier había sido detenido en 2025 por una causa de privación ilegítima de la libertad y violencia de género contra una expareja. Ese antecedente dejó en evidencia las fallas previas del sistema judicial y alimenta una pregunta incómoda para el poder político cordobés: si contaba con cierta cobertura para manejarse con impunidad a pesar de los antecedentes que tenía.
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