"Peligra la salud en el departamento Castellanos", advirtieron desde Paren de Fumigarnos, ante el avance de un polémico proyecto de ley.

“Se va a presentar un protocolo que ignora las evidencias científicas actuales sobre derivas e impactos en la salud, para las aplicaciones periurbanas de agrotóxicos, y que propone llevar la distancia libre de aplicaciones a solo 10 metros de las viviendas de los/las vecinos/as, y a partir de allí y hasta los 1500 metros solo aplicar productos banda verde o azul”, difundieron desde ese colectivo, mediante un comunicado. De acuerdo a esa normativa, podrían aplicarse agrotóxicos como el glifosato a 10 metros de las casas.
“Es muy peligroso para la salud de nuestros habitantes. Tenemos 30 años de esto, sabemos las consecuencias. Me tocó padecerlo por esta lucha. Y no quiero que le pase a nadie más. Cada cuatro o cinco meses me tengo que internar para ponerme drogas para subsistir, esto me pasó por las fumigaciones”, lamentó Pablo Williner, presidente de la organización Amigos de la Vida, que integra el colectivo Paren de Fumigarnos.
Williner es de Rafaela, una de las dos ciudades principales –junto con Sunchales- del departamento Castellanos. El protocolo cuestionado fue elaborado por la Agencia de Extensión Rural Castellanos del Instituto Nacional de Tecnología Agroalimentaria (Inta) y cuenta con apoyo del senador departamental, Alcides Calvo.
“Hacemos dos reuniones al año en INTA Rafaela con presidentes comunales de Castellanos y todos coincidían en que este es un tema problemático. Lo empezamos a tratar y en 2020 decidí escribirlo como para tratar de que desaparezca el clima de conflicto. Nosotros queremos que en 10 metros no se aplique ningún producto. Y el control de banda verde lo ponemos a 1500 metros. Para que no se aplique ningún otro fitosanitario que no sea de banda verde, con veedor municipal, constatando las condiciones ambientales y con receta agronómica”, detalló a Tiempo Cristian León, del INTA. “Nadie quiere contaminar a nadie. No nos gusta sentir un olor desagradable. Si la aplicación se realiza como está escrito en el protocolo, que es de adopción voluntaria, no tiene que haber problema”, planteó ante el rechazo expresado desde las organizaciones ambientalistas.
“Sería bueno empezar un diálogo –dijo- El INTA es el instituto ideal para juntar a las dos partes. Queremos darles herramientas a los productores del periurbano. Si les prohibís una gran cantidad de metros los exponés mucho. Hace años que vienen trabajando de una forma: proponemos que hagan lo mismo pero bien, acorde a las reglas”, dijo León. Y admitió: “No estoy de acuerdo con prohibir 1500 metros (de distancia con respecto a las viviendas), porque dejás muy expuestos a los productores del periurbano”. El protocolo se presentaría formalmente en abril, junto con un modelo de ordenanza acorde.
Desde Paren de Fumigarnos reclamaron que se convoque a una audiencia pública para discutirlo, y recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Santa Fe, en diciembre pasado, dispuso confirmar un fallo que dispuso una distancia mínima de mil metros para las fumigaciones terrestres respecto de las viviendas. Señalaron, también, que en la Legislatura santafesina se encuentra en debate un proyecto para reformar y actualizar la ley 11273/95, que contempla una zona de 1500 metros libres de fumigaciones en resguardo de la salud de los/las vecinos/as de las 365 localidades de la provincia.
En Rafaela en diciembre pasado ya hubo un intento por acortar el límite de la distancia de las fumigaciones con respecto a las casas. Se aprobó en el Concejo un proyecto de Cambiemos para llevarlo de 200 metros –lo que rige la ordenanza actual- a 50. Sin embargo, la medida quedó en ‘stand by’ por 180 días, porque se denunció como algo regresivo en materia de derechos. Este martes, las organizaciones ya presentaron un documento en contra del protocolo de los 10 metros. “Lo presentamos en la Municipalidad de Rafaela. Fue elaborado con la Multisectorial Paren de Fumigarnos. No nos sentimos solos: tenemos el acompañamiento de tantas instituciones civiles, ecologistas de toda la provincia que nos están acompañando, porque saben las consecuencias nefastas de los agrotóxicos”, remarcó Williner.
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