El presidente defendió la propuesta alternativa de Santa Fe para una nueva intervención y sostuvo que no modifica la cuestión de fondo.
En el caso de la intervención judicial, Nación sumó el respaldo del gobierno de Santa Fe, que efectuó una propuesta al juez santafesino Fabián Lorenzini, quien entiende en la causa por el concurso de la agroexportadora.
La iniciativa de Omar Perotti le solicita al magistrado que deje sin efecto la medida de restitución del directorio de la compañía que tomó el viernes y que defina la intervención judicial por medio de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe.
La IGPJ santafesina propone la creación de un nuevo Órgano de Intervención compuesto por tres integrantes: las dos personas designadas por el gobierno nacional y un representante de Santa Fe.
Este órgano asumiría las funciones de administración y representación de la firma, desplazando al directorio. Actuará como un cuerpo colegiado. Además, la intervención se ordenará según el plazo que transcurra hasta la conclusión del concurso preventivo de la firma.
Las dos administraciones coinciden en señalarle al juez Lorenzini que el actual directorio de Vicentin debe ser desplazado, en abierta oposición a la resolución del magistrado, que le otorgó rol de “veedores controladores” –sin posibilidad de tomar decisiones- a los interventores designados por Estado.
En declaraciones al portal #LaGarcía, el presidente Alberto Fernández reafirmó su posición. “No hay marcha atrás. El Estado se va a hacer cargo de la empresa con la herramienta posible; sea por intervención vía judicial o la expropiación». «Lo que ocurre es que el juez del concurso dictó una resolución absurda”, enfatizó el mandatario. “Por un lado dice que no hay inconstitucionalidad en el decreto de intervención y por otro remueve a los interventores y repone al directorio de Vicentin”, argumentó Alberto Fernández.
Queda conocer cuál será la respuesta del juez Lorenzini a la presentación de Santa Fe.
El presidente, además, explicó cuál es la diferencia entre la expropiación y la intervención judicial. “En la expropiación el Estado se lleva los activos y los administra; en la intervención judicial, como interventores, administra esos activos. Como el Estado es acreedor, el plan que vamos a presentar es capitalizar esos créditos y que el Estado se quede con la empresa”.
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