Alertan que la reforma judicial busca criminalizar a organizaciones populares

La presentación del proyecto para producir una reforma drástica del Ministerio Público Fiscal a través de una modificación de la ley orgánica abrió una dura polémica que promete escalar en varios ámbitos: desde el Legislativo –el texto ya cuenta con dictamen favorable aunque aún tiene que votarse en el recinto– hasta el control de constitucionalidad.

Juristas, magistrados, docentes de Derecho en la universidad, organizaciones de la sociedad civil y centrales sindicales coincidieron en cuestionar duramente la iniciativa. Los términos que usaron dan cuenta de la preocupación que despertó el texto impulsado por Cambiemos, que parece contar con el apoyo del Frente Renovador. “Están dinamitando el Ministerio Público. Esto es gravísimo”, advirtió el camarista Alejandro Slokar. “Necesitan controlar el Ministerio Público porque tienen miedo de que los investiguen a ellos”, juzgó María Garrigós de Rébori, también camarista. “¿Realmente gente proba va a votar esto? Porque van a dinamitar una institución solo porque no les gusta la procuradora (por Alejandra Gils Carbó)”, se preguntó la fiscal general Mónica Cuñarro. Son apenas algunas de las voces críticas.

Como pocas veces sucede con los debates de tipo normativo o institucional, el proyecto de reforma del MPF despertó una creciente ola de repudio e inquietud entre entidades ligadas a los Derechos Humanos, la problemática de género y la violencia contra la mujer; la legislación laboral, los derechos de los consumidores, entre otras competencias en las que el organismo tiene en funcionamiento programas de acción, unidades fiscales, direcciones y procuradurías especializadas.

“La reforma propuesta busca la recolonización del Ministerio Público para garantizar la puesta en marcha de una política criminal que responda a una mirada homogénea que privilegie los intereses de los poderosos. Es un paso más en la deconstrucción del Estado de Derecho y su reemplazo por el Estado de Excepción, cuyas primeras formas de existencia vemos en el Jujuy colonizado por (Gerardo) Morales», denunciaron las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), APDH, Liga por los Derechos del Hombre, HIJOS, Serpaj, Familiares de Desaparecidos y otros organismos de Derechos Humanos.

El cuestionamiento más fuerte se concentra en un aspecto definitorio. Para los críticos del proyecto, el poder que asumiría la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del MPF si se aprueba la reforma –en los hechos sería un virtual cogobierno de los legisladores en el trazado y ejecución de la política criminal, que lleva adelante la Procuración– es contradictorio con el artículo 120 de la Carta Magna. “Hacer depender al Ministerio Público, en actos de cogestión, de una Bicameral del Congreso, y hacer depender la actuación de las unidades fiscales de las órdenes del Consejo de Seguridad Interior, constituyen una injerencia prohibida por la Constitución”, subrayó la diputada Diana Conti (FpV).

“Que una comisión parlamentaria dé las directrices del orden político-criminal se revela como la negación misma de la reforma del año 1994. Es gravísimo y entraña un peligro para el orden democrático. Y es el mismo fenómeno que vivimos cuando quisieron nombrar a jueces de la Corte Suprema por decreto”, comparó Slokar en diálogo con Tiempo.

La Comisión Bicameral está a cargo de Graciela Caamaño, diputada del Frente Renovador. Legisladores de otros bloques deslizan que la ubicación de Caamaño en ese cargo explica en buena medida la disposición del massismo para acompañar al gobierno en la reformulación del MPF.
En los últimos días, tras el dictamen de comisión obtenido el martes, se fueron sucediendo advertencias y críticas muy puntuales sobre las consecuencias que tendría la aprobación del paquete de reformas, fundamentadas desde la experiencia de los fiscales y quienes trabajan en el MPF.

Procuradurías de Terrorismo y Cibercrimen

El artículo 8º de la propuesta propone crear una procuraduría específica para actuar ante estas «amenazas», en línea con las hipótesis de conflicto que otros países –léase EE UU– quieren trasladar a la Argentina. Especialistas en esta problemática advierten que esta innovación puede abrir la puerta para espiar, perseguir y criminalizar la organización popular. “Es una nueva preocupación para todos, si van a crear una Procuraduría contra el terrorismo es porque van a aplicar las leyes antiterroristas que se sancionaron durante el gobierno anterior”, aseguró María del Carmen Verdú, abogada de Correpi. Otro artículo del proyecto, el 10º, funda la Procuración de Cibercrimen: los hackers deberán andar con cuidado.

¿Omisión deliberada?

En el proyecto no se menciona la existencia de varias Unidades Fiscales especializadas que están en plena labor: de violencia contra la mujer (UFEM); la que investiga el atentado a la AMIA y su encubrimiento (UFI-AMIA); la que actúa ante delitos realizados con armas de fuego (UFI-armas); la de delitos cometidos en el PAMI (UFI-Pami); la de delitos realizados en el ámbito de ANSES (UFISES); la UFIDAD (manejo de datos y mapas de delito). También se omite el Programa de Derecho al Trabajo, que fortalece la presencia del MPF en el fuero laboral: ese descuido no parece casual en un contexto de despidos masivos y conflictos sindicales en alza.

“Sería un enorme retroceso que se disuelva una unidad fiscal relacionada con la problemática laboral. Vamos a pedir que no se avance con este ataque contra la democracia, la Constitución y los derechos laborales”, adelantó Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores. “Dejan a la problemática laboral en un híbrido, porque todo queda supeditado a que lo apruebe la Comisión Bicameral.

Además, dan por hecho el traslado del fuero laboral a la jurisdicción de la ciudad”, cuestionó el abogado laboralista Leandro Macia. “Lo que está en riesgo es la tutela de las relaciones sociales que garanticen Derechos Humanos en el ámbito de las relaciones laborales”, analizó Enrique Arias Gibert, de la Cámara de Apelaciones en el Trabajo. «