Allanan y culpabilizan a una comunidad mapuche, mientras se reaviva el fuego en Epuyén y hay alerta de evacuación 

Mientras las llamas se reavivan sobre la costa del Lago Epuyén y alertan sobre una posible evacuación preventiva, el doble discurso de los funcionarios públicos de Chubut se ha convertido en un subproducto del enorme incendio forestal, todavía activo, que arrasó con más de 12 mil hectáreas de flora y fauna silvestre en las localidades de El Hoyo y Epuyén. El fiscal de Lago Puelo, Carlos Díaz Meyer, y el gobernador Ignacio Torres hicieron punta entre quienes hacen una cosa pero dicen otra diferente.

El fuego se reavivó esta mañana en la costa del Lago Epuyén, en una zona llamada Puerto Bonito y amenazaba con ingresar a los barrios aledaños. El Comando Operativo de lucha contra el incendio, lanzó a las 15:30 un llamado de alerta a los vecinos de la zona ante eventual evacuación preventiva en las próximas horas, en caso de que las brigadas no logren contener las llamas.

De estar «totalmente descartado» al allanamiento

El fiscal Diaz Meyer, de la pequeña localidad de Lago Puelo, disfrutó el lunes por la mañana de un intenso road media por televisoras y radios porteñas, durante la cual con tono marcial ceño fruncido, descartó cualquier vinculación de las comunidades mapuches con el origen del incendio. “No, no, está totalmente descartado; es lo más alejado de la realidad en que vivimos”, respondió cuando le preguntaron sobre la participación mapuche en el incendio, que durante días agitaron en las redes sociales el Ministerio de Seguridad Nacional y la senadora nacional porteña, Patricia Bullrich.

Pero a la misma hora en que lo descartaba, la Policía provincial ejecutaba allanamientos en un territorio de la comunidad Pulgar Huentuquidel, y secuestraba los teléfonos celulares de sus integrantes. En rigor, lo que allanaron fue un desvencijado galpón convertido en vivienda provisoria debido a que el incendio arrasó con las casas y todos los animales de la chacra de la comunidad.

La carga policial se lanzó contra los escombros de la vivienda de Rocio Brizuela, quien vive con su madre Margarita Muñoz, una mujer mayor con padecimientos físicos. Los restos de su chacra están ubicados en el paraje Rincón de Lobo, camino a Puerto Patriada y fue calcinada por el fuego que se originó a unos 200 ó 300 metros.

“Hoy a la mañana me despiertan con una orden de allanamiento por investigación sobre el incendio, se llevaron mi celular, el de mi mamá y el de mi pareja. Estamos devastados: encima de que perdimos todo ahora nos topamos con esto. Necesitamos ayuda, necesitamos asistencia médica para mi mamá que es paciente oncológica (…) No sabemos por qué el allanamiento, ni a que se debe ni con qué fin”, denunció Rocío en un audio que envió a la Radio Fogón, la emisora comunitaria de El Hoyo.

El mismo lunes, el fiscal y el jefe de la Policía de Chubut encabezaron una conferencia de prensa donde revelaron “los avances” y la realización de “operativos” en una comunidad, según dijeron, sospechada de tener vinculación con el fuego debido a que en unas cámaras de seguridad, agentes policiales vieron salir dos camionetas con apariencia de realizar una mudanza minutos después de iniciado el incendio.

El gobernador Torres también disfrutó de múltiples entrevistas en canales y radios porteños, en los que rechazó con énfasis airado las acusaciones generalizadas de que los incendios forestales que afectan su provincia tienen la finalidad de desplazar habitantes para permitir negociados inmobiliarios en las nacientes de agua y las costas de los grandes lagos. Eso es lo que ha sucedido en muchos casos a lo largo de los años.

“Son teorías conspiranoicas que se utilizan para distraer y generar confusión. En los medios dicen cualquier cosa. Mientras yo sea gobernador, no se va a vender ni una hectárea que haya sido afectada por los incendios”, declamó Torres con intención convincente. 

Sin embargo, el joven gobernador de apenas 38 años es firmante del denominado Pacto de Mayo, en base al cual el 9 de diciembre último el Gobierno Nacional anunció su intención de derogar la Ley de Tierras, que pone límite a la venta a extranjeros, y la Ley de Manejo de Fuego, que desde 2022 impide el cambio de uso del suelo por entre 30 y 60 años en los bosques que hayan sufrido incendios.

Los legisladores nacionales del Chubut que responden a Torres votaron a favor del presupuesto 2026 que reduce brutalmente las partidas para la protección de los bosques nativos y el Servicio de Manejo del Fuego. El gobernador, también, retiene desde marzo de 2024 una partida de 600 mil dólares de fondos internacionales destinados a políticas de prevención de incendios forestales, que en el caso de su provincia debieron ser aplicados, justamente, en las localidades de El Hoyo y Epuyén. que ahora son un desierto de cenizas abundante de árboles muertos.