Allanaron una comunidad terapéutica y encontraron usuarios con derechos vulnerados 

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizó una inspección en la Granja Alcer de Marcos Paz, tras recibir una denuncia telefónica de que allí había usuarios con derechos vulnerados. El organismo se presentó ante la justicia e interpuso una acción de hábeas corpus colectivo. A pesar de la gravedad de los hechos acontecidos, tardaron un mes para dar una respuesta.

Violencia institucional

Detectaron que en el lugar no había equipo de profesionales de la salud mental, no cuenta con ninguna habilitación y tiene una clausura provisoria incumplida: «El director de la comunidad, Carlos Carruti, es quien dispone el régimen de vida y lo gestiona a través de la violencia; incluso, admitió que tiene un arma guardada en su habitación», denunció Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la CPM, en diálogo con Tiempo. 

El organismo de Derechos Humanos inspeccionó la comunidad terapéutica Granja Alcer de Marcos Paz, a principios de mayo de este año. Lo hizo a partir de una denuncia por malos tratos y amenazas que sufrió una persona que había estado alojada en este lugar. La víctima, junto a su esposa, hicieron dos denuncias ante la Fiscalía N° 5 de Mercedes, a cargo del fiscal Luis Baraldo Victorica, por los terribles episodios padecidos.

Cipriano siguió relatando. «Una vez que realizamos la inspección presentamos un hábeas corpus colectivo y pedimos ampliación a las denuncias penales ya existente. También solicitamos que los profesionales brinden asistencia a los usuarios y que se investigue la vulneración de derechos y la posible comisión de delitos cometidos en ese lugar».

Precariedad institucional

Los equipos del organismo de control ahondaron en la gravedad de la situación ante la justicia. Sin embargo, recién a principios de junio lograron que libren una orden de allanamiento a través del Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, a cargo del juez Facundo Oliva.

El director de la comunidad terapéutica, Cerruti. “Al consultarle por los tratamientos de los pacientes, nos dijo que ‘los adictos son tarados que no saben nada de la vida’. Y que si les da pastillas ‘los pone más tontos’. Es muy grave que la máxima autoridad de la granja diga semejantes barbaridades», sostuvo el letrado.

La comunidad no tiene equipo profesional que brinde abordaje terapéutico a los usuarios, ni una evaluación interdisciplinaria que justifique la internación. “Cerruti nos dijo que los psicólogos no sirven porque las personas les mienten. Además, sostuvo que los calmaba con membrillo, que es un ansiolítico natural. Lo más grave es que esta persona es quien organiza el régimen de viva en esa institución”, señaló el abogado.

Los usuarios de la Granja Alcer no acceden a actividades educativas, recreativas, deportivas ni laborales. Tampoco pueden llamar por teléfono a sus familiares y reciben visitas sólo los domingos. No existen estrategias de externación y las salidas al entorno familiar se permiten después de un tiempo de internación; de aproximadamente un año. Así lo dispone el director Cerruti, «arbitrariamente y sin un criterio terapéutico», apuntó.

Sin habilitación 

El secretario ejecutivo del organismo de control remarcó: «La institución funciona sin habilitación sanitaria, municipal y tampoco provincial. Incluso el director afirmó que desconocía los trámites y requisitos exigidos para tener la comunidad terapéutica bajo un orden legal».

Desde la Dirección de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, le dictaron la clausura provisoria en marzo de este año. La medida prohibía nuevos ingresos e indicaba refacciones en la comunidad terapéutica. Sin embargo, a pesar de ello, sigue funcionando.  

El abogado continuó asegurando: «Cuando se le pidió la documentación del lugar al director Cerruti, pudimos comprobar que dicha clausura ordenada por la provincia estaba siendo incumplida, porque habían ingresado nuevos usuarios al lugar».

Además de la violencia verbal a gritos, el destrato y expresiones discriminatorias, entre otras vulneraciones de derechos, «se suma que el propio dueño del lugar afirmó que tenía un arma de fuego en su habitación, por cualquier cosa que sucediera», denunció el secretario ejecutivo.

Hábeas corpus colectivo

Después de la inspección, el organismo de control amplió la denuncia radicada por la víctima y su mujer ante la UFI N° 5 de Mercedes y presentó un hábeas corpus colectivo que tramita ante el Juzgado Correccional Nº 2 de Mercedes, a cargo del juez Santiago Marchio.

El secretario ejecutivo remarcó: «Pedimos que notifiquen a los organismos que deben controlar estos espacios, que se realicen pericias interdisciplinarias que incluyan la perspectiva de trabajo social, psicología y psiquiatría. También que releven las condiciones materiales, la seguridad e higiene de la comunidad terapéutica».

Sin embargo, el juez Marchio rechazó el incidente presentado con el fundamento de haber mantenido una comunicación telefónica con el director de la institución, que informó que las personas se encontraban en el lugar voluntariamente. 

Burocracia judicial 

Esta resolución fue apelada ante la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal. En tanto, la Sala I, a cargo del juez Oscar Horacio Reggi, confirmó parcialmente el rechazo y solo dio lugar a la intervención de la fiscalía general para que investigue la posible comisión de delitos cometidos en la comunidad terapéutica.

Cipriano valoró que finalmente: «El pasado seis de junio -un mes después de la denuncia-   el Juzgado de Garantías N° 2 de Mercedes, a cargo del juez Facundo Oliva, libró orden de allanamiento en la institución respondiendo al requerimiento de la UFI Nº 1». 

«La investigación continúa en curso, pero se perdieron pruebas importantes por culpa del retraso de la propia justicia. Hasta los últimos días, se pudo chequear que la comunidad terapéutica continúa funcionando a pesar de todo lo relevado y denunciado por nuestro organismo», finalizó.