En el Senado, la titular de la Oficina Anticorrupción pidió el polémico artículo 37 para la ley de responsabilidad penal empresaria, ya rechazado en Diputados.
El polémico artículo que fue bautizado por la oposición como Oderbrecht- Calacaterra y en el que se propiciaba que el procurador General del Tesoro pudiera hacer acuerdos administrativos con las compañías imputadas por fuera del ámbito judicial y con retroactividad a los supuestos delitos cometidos, fue el eje de la exposición de la funcionaria macrista.
El artículo había sido cuestionado por inconstitucional y, a su vez, sindicado como el ariete para habilitar al procurador Bernardo Saravia Frías, un abogado de las empresas del conglomerado familiar de Mauricio Macri, a seleccionar con la multinacional brasileña los delitos cometidos en la Argentina y desvincular a la sospechada empresa contratista que era del primo del Presidente.
En ese contexto, el oficialismo empezó a recorrer el camino para intentar revertir lo que puertas adentro vivieron como una derrota en la Cámara de Diputados.
A la hora de intentar imponer nuevamente el artículo 37, Alonso afirmó: Creemos que este artículo abre un canal institucional motivador que le podría permitir a muchas empresas resolver la cuestión por fuera del proceso penal.
Además, la funcionaria macrista llamó a revisar la redacción del artículo 1 por el impacto distorsivo que genera, ya que, por impulso de los diputados del Frente Renovador, se incorporaron al proyecto todos los delitos del Código Penal, que ahora alcanzarían a las personas jurídicas.
En este sentido, especificó que los ilícitos previstos inicialmente eran los de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles, fraude contra la administración pública y cohecho trasnacional.
Alonso también pidió modificaciones en la redacción del artículo 20, sobre los acuerdos de colaboración, para dejar en claro que éstos se pueden celebrar a cambio del cese de la persecución y no de la eximición de la pena.
El debate continuará este jueves sin certeza sobre la posibilidad de que se emita dictamen y la norma quede en condiciones de ser sancionada de manera definitiva por el Senado.
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