El organismo realizó un pedido de acceso a la información sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en Río Negro, tras la muerte de Rafael Nahuel. También envió cartas al Congreso.
El pedido de acceso a la información está dirigido a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y al jefe de Gabinete de ese ministerio, Pablo Noceti, para que brinden información respecto a los procedimientos realizados por Prefectura Naval Argentina y los fundamentos jurídicos de los mismos.
Conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sea utilizado como último recurso y con estricto apego a estas normas, explica Amnistía Internacional en un comunicado.
La organización envió también cartas a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Senadores de la Nación. El principio republicano de gobierno, que incluye la estricta división y control entre los poderes del Estado, exige que el Poder Legislativo cumpla un rol fundamental en el monitoreo y efectiva implementación de la ley de emergencia territorial (26.160) por parte del Poder Ejecutivo Nacional y, en general, en situaciones en que se vulneran los derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, agrega en el mismo comunicado, que concluye: A su vez es indispensable exigir a las autoridades responsables del Poder Ejecutivo que brinden explicaciones y una estricta rendición de cuentas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Estos hechos se hacen aún más preocupantes al advertir que se vuelve a repetir una intervención de las fuerzas de seguridad en el marco de los reclamos de las comunidades indígenas, con consecuencias drásticas.
Por último, Amnistía Internacional envió también una carta al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para pedir información sobre los antecedentes del conflicto territorial en esa zona y su estado de situación.
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