Amplían la denuncia contra Michetti

La Fundación SUMA, que encabeza la vicepresidenta, Gabriela Michetti, gastó en 2014 un total de 165 mil pesos en pagarles el sueldo a sus empleados. Lo extraño es que según la AFIP, no estaba inscripta para tener empleados, y en sus papeles no figura dependiente alguno.

Esa documentación fue presentada hoy por el abogado Leonardo Martínez al juez federal Ariel Lijo, como parte de una ampliación de denuncia sobre la situación patrimonial de la fundación y su eventual relación con el dinero que le fue robado a Michetti de su casa la noche en que se convirtió en vicepresidenta.

Tal como anticipó Tiempo en su edición del domingo, Martínez aportó al juez Lijo una investigación periodística que muestra que todos los aportantes a la Fundación SUMA tienen relación –directa o indirecta- con contratos con el estado porteño. SUMA recibió aportes, financiamiento y sponsoreo, pero según la denuncia de Martínez, no cumplió con la legislación de la UIF en materia de combate contra el lavado de activos. Dicho de otro modo, los aportes de las empresas no fueron controlados por el organismo dedicado a prevenir actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

La ampliación de denuncia presentada hoy advierte que la fundación pudo haber sido utilizada como fuente de financiamiento del partido PRO o de la rama interna que encabeza Michetti, quien en las últimas elecciones para jefe de gobierno compitió en las PASO con Horacio Rodríguez Larreta.

En SUMA aparecen varios de los políticos del PRO que en la interna veían con mejores ojos la candidatura de Michetti, pero aceptaron la voluntad de Mauricio Macri para que el candidato oficial fuera Rodríguez Larreta.

Michetti dijo en la causa en la que se investiga el robo que sufrió que 200 mil pesos que tenía al lado de su cama, y que se los había llevado su pareja, Juan Martín Tonelli Banfi, la noche anterior a la sustracción (el 21 de noviembre de 2015, horas antes del balotaje que ungió a Cambiemos en el poder) eran parte de una “donación” que estaba destinada a la cena anual de SUMA, que se iba a realizar una semana más tarde.

Ni en la causa penal por el robo, ni en la investigación por el origen del dinero, figura quién lo donó, cómo, y sobre todo por qué el dinero estaba en efectivo.

A esas cenas anuales de SUMA solía acudir otra referente prominente del PRO, la ex diputada Laura Alonso, hoy titular de la Oficina Anticorrupción. La repartición que debería investigar si la fundación que preside Michetti cumple con todos los requisitos legales para funcionar como tal, cuáles son sus números reales (no hay balances presentados, según la denuncia) y sobre todo cuánto dinero de los aportes privados se destina a programas de interés social. Es decir, si esos números cierran con la realidad o se trata de meros y probablemente incomprobables asientos contables.