Se trata de Ornella Calvete, hija de uno de los presuntos articuladores de la maniobra de sobreprecios en la compra de medicamentos para personas con discapacidad.

La citación es para el próximo viernes 19 de diciembre en los tribunales de Comodoro Py, confirmaron fuentes judiciales a Tiempo.
“Hacete la gila”, fue la recomendación que Ornella recibió de su padre vía WhatsApp los primeros días de septiembre, cuando pensó que la estaban por allanar porque había policías en la planta baja de su casa. En esa oportunidad, el intercambio entre ambos giró en torno a la búsqueda de una explicación ante la posibilidad latente de que los efectivos policiales se acerquen a su vivienda con orden judicial y encuentren dinero en efectivo.
“¿Indecomm tiene cash blanco? Por si entran acá y me ven con mossssca (sic)”, le preguntó a su padre y dueño de la mencionada firma, también bajo la lupa judicial. “O digo que me lo prestó alguien, olvídate”, sumó en otro de los mensajes.
Las sospechas de un eventual allanamiento finalmente se confirmaron unos días después. Fue el 9 de octubre, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó una batería de operativos de búsqueda de pruebas en distintos domicilios y la mujer fue allanada.
Lo que también se confirmó fue que efectivamente Calvete tenía dinero en efectivo. Una cantidad importante: alrededor de 700 mil dólares, entre otras divisas, de acuerdo a lo que planteó en su dictamen de principios del mes pasado el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación.
Según ese documento, Ornella Calvete tenía una relación bastante cercana con su padre, actualmente detenido en el marco de una causa por presunta facilitación de la prostitución. Y esa relación incluso excedería lo personal, ya que habría tenido una réplica en el marco del presunto esquema de sobreprecios en la compra de medicamentos para la Andis por el que la Justicia tiene bajo la lupa a ex funcionarios públicos y empresarios farmacéuticos.
Como prueba de ello, en uno de los chats incorporados a la causa, Ornella le preguntó a su padre cómo debía tratar a “Claudio K”, a quien ligó con Ortopedia Alemana. Unos días después, Miguel, su padre, le contó que había acordado juntarse con esa persona para charlar personalmente. Ella le deseó éxitos, le prometió que si todo salía bien le iba a comprar “algo lindo” como “una lambo, una granja, lo que quieras (sic)”, y él la frenó: “No hace falta… con el 3% para KM está perfecto”. “Jajajajaja”, respondió ella.
Ese es uno de los mensajes claves para la causa. El juez y el fiscal quieren saber concretamente a quién o a qué se referían con “el 3% para KM” y si son ciertas las posibilidades de que se trate de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mencionada como destinataria de ese porcentaje de los sobreprecios en los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis y ex abogado del presidente Javier Milei.
Más allá de la expectativa en torno a la citación a Calvete para que declare en indagatoria, lo cierto es que podría negarse a hacerlo y optar por el silencio, como lo hizo la mayoría de los imputados citados hasta el momento.
Calvete es la última de las citadas de una segunda tanda de indagatorias ordenadas por Casanello a pedido de Picardi. Además de ella, entre el jueves y el viernes de la semana próxima hay otros tres citados. Son Diego Martín D’Giano, Patricia Canavesio y Julio Viera, tres personas del riñón de Miguel Calvete, quien según Picardi fue “articulador de la organización ilícita” bajo investigación.
La semana pasada terminó el primer desfile de imputados por los tribunales de Comodoro Py, citados para la primera ronda de indagatorias. Fueron de la tajada Spagnuolo, Calvete y Pablo Atchabahián, otro de los que habría actuado como jefe paraestatal de la Andis en el marco del presunto esquema de recaudación ilegal que está bajo investigación. También fueron citados trabajadores del organismo que habrían fungido como ejecutores de sus lineamientos y personas sindicadas como operadores externos del organismo, es decir, sin relación laboral con la Agencia pero que, por ejemplo, tuvieron acceso al sistema de gestión de compulsas de precios de medicamentos e insumos destinados a personas con discapacidad.
Picardi, a quien Casanello le delegó la causa, trabaja en un presunto esquema de retornos millonarios en torno a los procesos de compra de remedios. Una maniobra que habría consistido en la fragmentación artificial de los procesos de compra y la realización de compulsas reducidas a las que se invitaba a un puñado de droguerías vinculadas entre sí y con nexos con los funcionarios de Andis.
Tras las indagatorias, lo esperable es que el juez avance en definir la situación procesal de los imputados. Puede optar por procesarlos, sobreseerlos o disponer la falta de mérito.
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