El trabajo de la ONG Derechos Digitales identificó 27 grupos y canales activos en el país, Brasil y Perú dedicados a la comercialización de información sensible mediante bots automatizados y pagos digitales. Mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQA+ figuran entre los grupos que enfrentan mayores riesgos derivados de esta exposición.

El análisis técnico detectó, además, coincidencias en formatos, estructuras de bases de datos y nomenclaturas propias de registros institucionales, lo que sugiere posibles vulnerabilidades en la gestión pública de información. Aunque el estudio se centró en tres países, también se constató circulación de datos correspondientes a otros territorios de la región, lo que evidencia el carácter transfronterizo del fenómeno.
Entre algunos de los casos documentados, el informe señala que en Brasil los bots permiten acceder a fichas estructuradas con información laboral detallada, antecedentes financieros y registros vinculados a beneficios sociales, con campos y clasificaciones que replican sistemas oficiales. En Perú, se registró la venta de documentos de identidad completos, incluyendo fotografía, firma manuscrita y huellas dactilares, en condiciones que podrían facilitar suplantaciones de identidad (phishing).
El documento advierte que la disponibilidad masiva de esta información se vincula con estafas financieras, extorsiones, hostigamiento digital y violencia de género facilitada por tecnologías. Mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQA+ figuran entre los grupos que enfrentan mayores riesgos derivados de esta exposición.
Rafael Bonifaz, Líder del Programa Latinoamericano para la Resiliencia y Defensa Digital, señaló que: “Los Estados recolectan datos de la ciudadanía para poder proveer servicios. Hablamos de datos sensibles que, si no se tratan con el debido cuidado, pueden poner en riesgo a las personas. En esta nueva investigación evidenciamos los desafíos que aún existen en la protección de la información ciudadana y lo accesible que puede llegar a ser en plataformas como Telegram”.
El informe, a su vez, plantea que la región enfrenta dificultades para traducir los marcos normativos existentes en garantías efectivas de protección de datos. Persisten vacíos regulatorios en el tratamiento de información por parte del sector público, limitaciones en la autonomía de las autoridades de control y debilidades en las prácticas institucionales de seguridad.
Entre sus recomendaciones, el estudio propone fortalecer la gobernanza y seguridad de los datos públicos, dotar de mayor autonomía y recursos a las autoridades de protección de datos, incorporar enfoques de género y niñez en las políticas de ciberseguridad y exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales frente a la circulación de información ilícita.
La investigación completa, titulada “Identidades en venta: el mercado ilegal de compra y venta de datos personales latinoamericanos en Telegram”, fue desarrollada entre octubre de 2024 y febrero de 2025 y ya está disponible en el sitio web de Derechos Digitales: https://www.derechosdigitales.org/recursos/identidades-en-venta-el-mercado-ilegal-de-compra-y-venta-de-datos-personales-latinoamericanos-en-telegram/
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