Demandan a la ANMAT por poner en riesgo la salud de la población

“Al momento de realizarse las modificaciones de ANMAT no se acompañaron fundamentaciones científicas, normativas, ni de ninguna otra naturaleza que las justifiquen. Llamativamente, las modificaciones se alinean con las que reclamaba la industria alimentaria, tanto en el debate de la ley como en las judicializaciones que hubo luego”, dice Luz Baretta, coordinadora de Asuntos Legales de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), la ONG que, con el acompañamiento de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (ADCOIN), presentó una acción preventiva del daño contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica y el Ministerio de Salud de la Nación, para frenar los efectos de las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024 que “implican un grave retroceso” en la implementación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 27.642) y “ponen en riesgo la salud de la población, especialmente de niñas, niños y adolescentes”.

En Argentina, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT), como la obesidad infantil, la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial o las enfermedades cardiovasculares, son la principal causa de muerte y discapacidad. La evidencia científica demostró que los productos procesados y ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos (sodio, grasas saturadas, grasas trans y azúcares), junto con el insuficiente consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibras y grasas poliinsaturadas, aumentan el riesgo de contraer estas enfermedades.

“Las resoluciones dictadas por ANMAT en diciembre de 2024 flexibilizan de manera infundada y arbitraria las bases del Sistema de Sellos y advertencias nutricionales, así como la regulación sobre la publicidad, promoción y patrocinio de los productos con sellos. Esta desregulación, pretendida por la industria, se traduce en menor acceso a información nutricional clara y mayor exposición a productos ultraprocesados con exceso de nutrientes críticos”, explica Baretta.

Entre los impactos que ya afectan a la población destacan la menor cantidad de productos con sellos o con sellos más pequeños o menos visibles; reaparición de mensajes y claims que promocionan supuestos beneficios en productos no saludables generando información confusa y contradictoria para el consumidor; y mayor presencia de elementos atractivos para infancias, que incentivan la demanda de productos cuyo consumo debería desalentar la política pública.

Para la especialista, “esto representa un grave retroceso y una causal de afectación a los derechos fundamentales a la salud, a la alimentación adecuada y a la información de las personas consumidoras que fueron garantizados mediante la Ley de Promoción de Alimentación Saludable (PAS) y su decreto reglamentario”.

Riesgos

El etiquetado frontal demostró eficacia para mejorar la comprensión de riesgos nutricionales y reducir compras impulsivas de productos no saludables. A pocos meses de la implementación de la ley, una encuesta realizada por el Ministerio de Salud comprobó cambios concretos en los hábitos de consumo: el 43% de la población consideraba los sellos al momento de comprar, y de ese porcentaje, el 58% había modificado su intención de compra.

«Desde una mirada sanitaria y nutricional, estas resoluciones ponen en riesgo la salud de la población porque favorecen un mayor consumo de productos con perfiles nutricionales no recomendados, al reducir la capacidad del etiquetado y de la regulación del marketing para advertir de manera clara sobre sus riesgos”, aporta la licenciada en Nutrición (MN 7667) y codirectora de Fundación Sanar María Belén Núñez.

“Cuando se debilitan estas herramientas –continúa–, se expone a niñas, niños y adolescentes, un grupo especialmente vulnerable, a un entorno alimentario que normaliza el consumo frecuente de productos con exceso de azúcares, grasas saturadas, sodio y edulcorantes, nutrientes directamente asociados al desarrollo de obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades crónicas no transmisibles”.

Y concluye: “Al disminuir la claridad de la información y permitir mensajes que presentan estos productos como ‘saludables’, se genera confusión en la población y se afectan las decisiones cotidianas de consumo, incrementando riesgos que no son inmediatos, pero sí acumulativos y persistentes a lo largo de la vida. En términos de salud pública, esto implica retroceder en políticas de prevención, con impactos que se verán especialmente en la infancia y la adolescencia, pero que condicionan la salud de toda la población a mediano y largo plazo». «