Ante el rechazo de Unicenter, Arroyo Salgado dio marcha atrás con el uso del estacionamiento del shopping

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dio marcha atrás con su intención de utilizar el estacionamiento del shopping Unicenter para depositar allí los automóviles secuestrados en su área de influencia por violar la cuarentena por el coronavirus.

“En modo alguno estuvo en mi ánimo afectar los intereses de la empresa, sino antes bien gestionar por ante los ámbitos del sector público y/o privados idóneos la colaboración en la situación de emergencia sanitaria, en la creencia de que gran parte de dichos espacios no estaban siendo usados para sus fines específicos”, admitió la jueza al dejar sin efecto aquella medida.

Días atrás, Tiempo informó que Arroyo Salgado había dispuesto la utilización del estacionamiento para descomprimir los lugres tradicionales de acarreo, presuntamente desbordados en el contexto del combate contra la pandemia.

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El abogado Cristian Cúneo Libarona, en representación de Cencosud (la empresa que administra el complejo comercial), pidió un recurso de “revocatoria” de la decisión, argumentando que violaba la Constitución Nacional.

Arroyo Salgado había dispuesto que Cencosud debía poner “a disposición de las fuerzas de seguridad  federales, como también de las distintas comisarías que se encuentra en el asiento de la jurisdicción (partidos de San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre) el estacionamiento de ese centro comercial como lugar de guarda de los vehículos que eventualmente se encuentran ante la violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

Un empleado del Municipio y un funcionario del Juzgado llegaron incluso a anoticiar telefónicamente a Cencosud el 3 de abril que debía ceder el estacionamiento. Pero en los hechos, la utilización del predio para la guarda de automóviles secuestrados en operativos de control callejero nunca se concretó.

Ahora, la jueza acogió los argumentos de Cúneo Libarona, quien había advertido que la utilización de ese estacionamiento, lindero con la entrada de un supermercado Jumbo que funciona en el complejo comercial, ponía “en riesgo todos los esfuerzos que Cencosud ha tomado a los efectos de minimizar algunos de los efectos que esta crisis provoca”.

“La Resolución resulta entonces violatoria del artículo 19 de la Constitución Nacional”, añadió.

Arroyo Salgado volvió sobre sus pasos: “tratándose la requisitoria cursada a ese centro comercial de una actuación judicial de carácter meramente administrativo y enmarcada en un pedido de colaboración dirigido a los intendentes de los Municipios en los que esta sede judicial tiene competencia territorial, con motivo del elevado número de secuestros de automóviles que la justicia federal de San Isidro viene realizando, con el consecuente desborde de las playas de estacionamiento de las fuerzas federales y municipales, frente a una situación mundialmente extraordinaria y de dimensiones hasta el momento inconmensurables, como es el caso de esta pandemia del Coronavirus COVID-19; se toma nota de los argumentos desarrollados por el representante legal de ese centro comercial”.

La jueza consideró innecesario pronunciarse sobre los cuestionamientos de la empresa por la medida.

“Teniendo en cuenta que nunca se avanzó por parte de esta judicatura, ni del municipio, ni de las fuerzas de seguridad con ninguna otra medida dirigida a la concreción del pedido, deviene abstracto y digno de mejores causas el abordaje de la totalidad de los planteos esgrimidos”. 

La resolución de la jueza de San Isidro no aclara adónde cobijará a los vehículos secuestrados por violar el aislamiento obligatorio.