Cruces entre Unicenter y la jueza Arroyo Salgado por un estacionamiento

La magistrada había dispuesto que se utilizara el centro comercial para los vehículos incautados por violar la cuarentena. La firma Cencosud rechazó la decisión y denunció que la resolución viola la constitución. "Implica imponer al Shopping una carga no prevista por ley", señaló la empresa. 

14 de abril de 2020

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado dispuso que el estacionamiento del shopping Unicenter sea utilizado para estacionar a los vehículos retenidos por violar el aislamiento obligatorio por el coronavirus. Pero la empresa que administra el centro comercial reaccionó denunciando que la resolución viola la Constitución Nacional, que consagra que “ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Según pudo establecer Tiempo,  el 1° de abril pasado, la jueza le ordenó a la empresa Cencosud, propietaria del complejo comercial, que debía poner “a disposición de las fuerzas de seguridad  federales, como también de las distintas comisarías que se encuentra en el asiento de la jurisdicción a mi cargo (partidos de San Fernando, San Isidro, Vicente López y Tigre) el estacionamiento de ese centro comercial como lugar de guarda de los vehículos que eventualmente se encuentran ante la violación del referido aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En el punto cuarto de una extensa resolución, Arroyo Salgado resolvió “arbitrar los medios para contactar a los responsables del  Unicenter Shopping -sito en la calle Paraná 3745 de Martínez- para que pongan a disposición de las fuerzas de seguridad federales, como también de las distintas comisarías que se encuentran en el asiento de jurisdicción del Juzgado Federal  el estacionamiento de ese centro comercial como lugar de guarda de los vehículos”.

En cumplimiento de esa decisión,  un empleado del Municipio y un funcionario del Juzgado informaron telefónicamente a Cencosud el 3 de abril que debía ceder el estacionamiento desde el cual se accede al supermercado Jumbo, emplazado en el complejo, “para guardar los vehículos que se secuestren ante la violación del aislamiento”.

La empresa, representada por su apoderado, el abogado Ángel Javier Luzzi, replicó que la decisión de Arroyo Salgado “pone en riesgo todos los esfuerzos que Cencosud ha tomado a los efectos de minimizar algunos de los efectos que esta crisis provoca”.

 “El Juzgado Federal dispuso una medida excesiva, que vulnera derechos de raigambre y protección constitucional de mi mandante y también los de la población en general y de los habitantes del Partido de San Isidro en especial, que excede por completo las atribuciones y facultades conferidas a los magistrados, aún en una situación de emergencia como la declarada en el país a raíz de la Pandemia”.

Cencosud opera los supermercados Jumbo, VEA y Disco, la cadena de supermercados de la construcción Easy y varios centros comerciales, entre otros, el Unicenter Shopping Center.

   La decisión de la jueza de San Isidro –resistió la empresa- “no expone los fundamentos legales en los que se basa dicha decisión. No se hace referencia a norma alguna en la que el Juzgado Federal base su orden de exigir a un particular que ponga a disposición del Estado Nacional su propiedad.  Mal podría hacerlo, porque dicha norma, no existe”.

“La Resolución resulta entonces violatoria del artículo 19 de la CN, que consagra el principio constitucional de legalidad al disponer que ‘ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe’”.

“Implica imponer al Shopping una carga no prevista por ley, obligándolo a entregar el uso de su propiedad al Estado Nacional”, refutó la empresa.

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