Antes de enviar un proyecto de ley el gobierno negociará la alícuota para gravar las «rentas inesperadas»

El Gobierno confirmó el otorgamiento de un bono de $18 mil en dos cuotas para trabajadores informales, empleadas de casas particulares y monotributistas de las categorías A y B así como un refuerzo de otros $12 mil para los jubilados que perciben hasta dos haberes mínimos y que ya habían sido beneficiados con un plus de $6 mil. A la par se anunció el envío la negociación con las sectores económicos involucrados de un proyecto de alícuota para gravar las «rentas inesperadas».

La medida alcanzará a cerca de 13 millones de personas e implicará un gasto extraordinario del Estado superior a los $ 200 mil millones. El cálculo surge de sumar a los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y el universo de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que las autoridades otorgaron durante el primer año de la pandemia.

Los detalles del anuncio se dieron a conocer en una reunión encabezada por el presidente de la Nación Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Allí estuvieron presentes diversos gobernadores provinciales como Axel Kiciloff de Buenos Aires, Jorge Capitanich del Chaco y Gustavo Melella de Tierra del Fuego.

En el salón se encontraba también el Jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur así como los ministros de Desarrollo Social, Juan Zabaleta y de Trabajo Claudio Moroni con quienes Martín Guzmán había ultimado detalles hasta minutos antes del anuncio. También dirigentes de la CGT, la UIA y movimientos sociales.

El ministro Guzmán ratificó que el gasto será resuelto mediante un decreto y, a contramano de lo que se esperaba, no anunció la presentación de un proyecto para gravar las denominadas “rentas inesperadas” que un sector obtuvo a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania sino un camino de negociación entre los sectores de la producción.

El propósito es el de sellar un acuerdo con los sectores involucrados que neutralice la posibilidad de que la oposición bloquee la iniciativa en el Congreso. Guzmán adelantó que convocarán a “las fuerzas productivas y laborales para capturar la renta inesperada producto del shock que provoca la guerra”.

El propio ministro, sin embargo, adelantó algunos criterios que son pretensión del gobierno y aquellos que resta definir como, por ejemplo, la alícuota del gravamen que pretenden aplicar sobre la renta inesperada que hubieran obtenido empresas con ganancias anuales superiores a los mil cien millones de pesos que, puntualizó, resultan “una condición necesaria pero no suficiente”. Además deberán haber registrado una ganancia extraordinaria. Por otra parte explicó que, en 2021, las que registraron ese nivel de beneficios fueron “apenas el 3,2% de las empresas”.

Estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario dan cuenta de una suma superior a los $350 mil millones resultantes de la suba “extraordinaria” de los precios internacionales de las commodities agropecuarias como el trigo, el maíz, la soja y el girasol.

Habiendo ya decretado el gasto, en caso de no lograr un acuerdo y su posterior aprobación en el Congreso, el Ejecutivo estará forzado a buscar una nueva vía de financiamiento que no colisione con los términos del acuerdo con el FMI que exige mayor austeridad fiscal y una reducción sustancial de la emisión monetaria. Por eso, el titular de Hacienda, celebró que durante el primer trimestre las metas acordadas con el FMI en materia fiscal, monetaria y de reservas internacionales se han cumplido. Guzmán, detalló que “el déficit fiscal en el primer trimestre fue de sólo el 0,25% del PBI”, cuando la meta para todo el año habilita hasta un 2,5%..

Los bonos concedidos servirán de paliativo para los sectores más afectados por la crisis y la escalada de precios de los últimos meses pero tienen el defecto de no recomponer haberes en forma estructural.

El decreto anunciado hoy no incluye una suma fija de incremento en el salario de los trabajadores registrados bajo convenio tal como se había resuelto en diciembre de 2019. La iniciativa había sido descartada ante la negativa de la conducción de la UIA que buscó canalizar el conflicto por la vía de las paritarias sectoriales.

Así las cosas, ese sector se verá obligado a buscar una mejora de los haberes a través de las paritarias cuyo adelantamiento el gobierno autorizó mediante una resolución de la cartera laboral diez días atrás. El propio presidente Alberto Fernández se detuvo en señalar que “no nos hemos desentendido de los trabajadores formales que ya están discutiendo sus paritarias y veremos cómo evoluciona en el encuentro que tendremos con la UIA y la CGT. Ahora hay una urgencia y es a ellos a quienes les estamos dando respuesta”.