Se trata de la Procuvin y la decisión, a cargo de la fiscal Silvina Acuña, es tras conocerse la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
La Procuvin era el único organismo que investigaba el rol de Gendarmería, fuerza que el 1 de agosto ingresó sin orden judicial a la comunidad mapuche de Cushamen, en la desaparición y en la muerte del joven de 28 años en Chubut. La intervención de la Procuvin, encabezada hasta fin de año por Alejandra Gils Carbó, se dio a pedido de la familia Maldonado y de la Comisión Provincial por la Memoria, y contra la voluntad tanto de la propia fiscal como del gobierno nacional.
La decisión de la fiscal Ávila encuentra resistencia en las querellas, que evalúan presentar un pedido formal al juez Gustavo Lleral para que el organismo continúe activo en la investigación. Cabe recordar que el mismo día en que la representación legal de la familia pidió el alejamiento del primer juez de la causa, Guido Otranto, también lo hizo con la fiscal Silvina Ávila.
La fiscalía no dio razones para pedir esta desvinculación, a pesar de que la Procuvin contribuyó con datos fundamentales a la causa. Uno de los aportes fue el testimonio del mapuche Matías Santana, quien declaró haber visto a efectivos de Gendarmería trasladar el cuerpo de Santiago Maldonado a un vehículo de esa fuerza. A partir de este testimonio, se caratuló la causa como desaparición forzada. Otra medida sugerida a la fiscalía fue registrar las llamadas de los celulares del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, en las horas en que este se encontraba en cercanías del operativo represivo.
La procuradora Gils Carbó sufrió una efectiva y agresiva ofensiva gubernamental y mediática para que abandonara su cargo, acciones que, sumadas al buen vínculo de la fiscal federal de Esquel con el gabinete nacional, hacían prever esta decisión.
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