Apertura del año legislativo

El pasado lunes, el presidente inauguró el período de sesiones ordinarias y brindó un discurso que comenzó repasando las principales respuestas del Estado ante la pandemia. Luego abordó en profundidad algunos de los temas que deberán encararse en el transcurso del año. En reiteradas ocasiones mencionó que el eje es el Presupuesto 2021 y la idea de que los salarios crezcan por encima de la inflación.

El aparato mediático, como era previsible, estuvo más enfocado en tergiversar los dichos del presidente en torno de la reforma de la Justicia y al anuncio de que el Estado iniciará una querella para investigar el acuerdo con el FMI de 2018. Dos temas que es preciso revisar.

En lo económico, Alberto Fernández señaló que «el sistema capitalista fracasa en el mismo instante en que los que consumen son expulsados del mercado», y que «ninguna sociedad crece empobreciendo a los que viven de un salario». Una definición conceptual que el gobierno acompaña con decisiones concretas. Entre ellas, «una mesa de concertación de precios y salarios junto al sector empresario y sindical». Sin embargo, aclaró que si bien «creemos en el diálogo (…), de ninguna manera significa que el Estado resigne sus potestades legales». Por su parte, se reafirmó que el gobierno sigue un abordaje integral para resolver el tema de la inflación. El mismo incluye el programa macroeconómico plasmado en el Presupuesto 2021, la coordinación de precios y salarios y los programas específicos como Precios Cuidados. Lo contrario del Estado canchero.

En el discurso también se hizo énfasis en el rol del mercado interno, cuyo fortalecimiento es clave para «acelerar la recuperación de la producción y el empleo». A su vez, consideró la generación de trabajo como «la principal política social» y que «la recuperación de los ingresos reales constituye un elemento fundamental para el crecimiento. Esta recuperación es un objetivo prioritario para 2021». Los acuerdos paritarios que se van conociendo van claramente en esa dirección.

Uno de los más recientes es el acuerdo nacional docente, con un incremento salarial del 34,55%, porcentaje que está por encima de la inflación proyectada en el Presupuesto 2021 (29%). Se pagará en tres cuotas durante el transcurso del año (en marzo, julio y septiembre) y tendrá vigencia hasta noviembre, cuando se convocará a una nueva paritaria para trabajar en la renegociación. Una noticia que está en consonancia con otros acuerdos que se van firmando, como el de los encargados de edificios.

Los haberes jubilatorios a partir de marzo subirán un 8,07%, según lo estipulado por la nueva ley de movilidad (con la anterior fórmula, el aumento de marzo habría sido del 7,18%). Además, para los meses de abril y mayo, el gobierno decidió que a las jubilaciones y pensiones de hasta $ 30.856 (1,5 haberes mínimos) se les agregará un bono mensual de $ 1500. De esta forma, el haber mínimo actualizado ($ 20.571) pasará a ser de $ 22.071 en dichos meses. Según la Anses, «al considerar el aumento por movilidad y los bonos, una jubilación mínima aumentará un 16%, ganándole claramente a la inflación del trimestre (…) El 70% de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de menores ingresos, que fueron quienes se vieron más afectados y afectadas en los últimos años, obtendrán este beneficio por dos meses hasta la aplicación de la nueva movilidad en el mes de junio».

Volviendo al discurso, respecto de las tarifas, el presidente comentó que, de haber continuado el esquema del anterior gobierno, «el gas debería haber aumentado un 80% en octubre y debería aumentar un 130% en abril de este año. La electricidad, por su parte, debería aumentar un 168% en el próximo mes de abril». Sin embargo, mencionó que es hora de regularizar el sistema tarifario, que estuvo congelado todo este tiempo, con el objetivo de lograr «tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio». Se trata de un concepto que comparto plenamente. Un servicio público es un derecho, y si es un derecho no es justo ni razonable que tenga el mismo precio para todos y todas y no esté vinculado a la capacidad de pago de cada usuario. Es una forma, también, de cuidar los ingresos de los sectores mayoritarios.

A su vez, el Ejecutivo enviará al Congreso nacional un proyecto para declarar la «emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos». Otro anuncio razonable desde el punto de vista de la formación de los precios y que, además, apunta a revertir la dolarización de facto que arrastra la economía argentina, producto de las políticas de anteriores gobiernos. Fue otro de los anuncios que el aparato mediático pasó por alto.

Un capítulo central del discurso fue la cuestión de la renegociación del préstamo con el FMI: «Una deuda tomada por un gobierno irresponsable, que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación», según el presidente.

Un préstamo a todas luces insostenible. Según el cronograma acordado por el anterior gobierno, se deben estar pagando al FMI este año U$S 3826 millones, U$S 18.092 millones en 2022, U$S 19.186 millones en 2023 y U$S 4921 millones en 2024, cuando se cancela la deuda. Son dólares que no puede generar la economía argentina en cuatro años. Tampoco están disponibles ya que se fugaron. Según el BCRA, entre mayo de 2018 y octubre de 2019, cuando Macri estableció controles cambiarios más estrictos, la formación de activos externos alcanzó los U$S 45.100 millones. Un número parecido a los fondos que ingresaron del FMI.

Por estos motivos, el Estado iniciará una querella criminal para «determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda», según afirmó el presidente. Son hechos a investigar, tanto por las responsabilidades legales que caben como para evitar que se repitan. De hecho, el mismo lunes del discurso, el BCRA, según aparece en su página web, «elevó a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario para determinar si generaron perjuicios al Estado. El Banco Central pidió la realización de una auditoría específica de la documentación para evaluar las responsabilidades de los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el Fondo en 2018 y determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público». Otra noticia que casi no apareció en los medios y que indica que el proceso está en marcha.

En síntesis, el discurso presidencial de la 139ª Asamblea Legislativa fue coherente y trató muchos de los ejes que permanentemente sostengo. En lo económico, se reafirma la idea de que el Presupuesto 2021 votado por el Congreso es el verdadero programa de Estado y que hay un objetivo claro de que se vaya recuperando el salario real. Para lograrlo, se mencionó que se puede avanzar por acuerdo o por medio de las potestades de las que dispone el Estado. En casi dos horas de discurso quedó claro que hay plan, que no es de ajuste, y que existe una firme convicción para llevarlo a cabo. «