Las propuestas fueron realizadas por dos grupos empresarios belgas y uno brasileño. Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años.
Según publicó la Agencia Noticias Argentinas, a la licitación internacional se presentaron tres propuestas correspondientes a las firmas Jan De Nul NV y Grupo DEME, ambas de Bélgica y la brasileña DTA Engenharia, consideradas entre las principales compañías dragadoras a nivel global.
El pliego fue elaborado con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que garantizó la transparencia del proceso y aseguró criterios de competitividad en la adjudicación.
La iniciativa contó con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Rosario; la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina – Centro de Exportadores de Cereales (CIARA–CEC); la Cámara de Puertos Privados Comerciales; la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas; y los gobiernos de Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco y Buenos Aires.
También respaldaron el proceso las Confederaciones Rurales Argentinas, la Sociedad Rural Argentina, Coninagro, Federación Agraria y organizaciones ambientalistas, entre otros representantes técnicos y productivos.
Para esta nueva licitación, el oficialismo aprendió de sus tropiezos y el camino hasta la apertura de sobres fue diametralmente opuesto al que se ejecutó un año atrás. Con mesas de trabajo intercolegiadas, reuniones mensuales con empresarios, gobernadores y entidades interesadas y una auditoría externa garantizada apuntó a reducir al mínimo el margen de error. El cambio de postura del oficialismo le valió los apoyos empresarios y corporativos, y también con la calma de los tribunales, que concluyeron hoy con la apertura de sobres.
La licitación se estructuró en tres sobres: el primero evalúa antecedentes operativos y capacidad técnica y financiera; el segundo analiza el Plan de Trabajo con sistema de puntajes y el tercero pondera la oferta económica, con mayor peso para garantizar la tarifa más baja posible.
Tras el análisis de las propuestas, el Ejecutivo avanzará con la adjudicación y la firma de un contrato de concesión a 25 años, a riesgo empresarial y sin aval del Estado, con una inversión estimada en más de 10 mil millones de dólares.
El proyecto apunta a permitir que buques de gran calado operen a plena capacidad, reducir costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior argentino.
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