Consideró que la investigación que se realiza en La Plata no debe pasar a la justicia electoral. El juez Kreplak quedó en condiciones de responder el pedido de su colega Ziulu. Casanello ya rechazó.
Russo dictaminó en contra de la pretensión del juez Ziulu, que subroga la competencia del juzgado federal N°1 de La Plata, con el argumento de que se investigan hechos diversos, indicaron fuentes judiciales. Esa respuesta se sumó al rechazo que las querellas hicieron la semana pasada, por lo que el juez Kreplak quedó en condiciones de responderle al juez electoral.
En la última semana de agosto Ziulu exigió la “inmediata remisión” al juzgado electoral de la Provincia de Buenos Aires de todas las actuaciones del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital, a cargo de Casanello, y del Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, a cargo de Kreplak, para unificar la investigación bajo la órbita electoral.
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Una semana después, las querellas respondieron la vista otorgada por Kreplak con un pedido de rechazo a la inhibitoria, con el argumento de que se investigan delitos distintos y que con su presentación el PRO lo que busca es «obturar» la investigación y limitarla a lo electoral.
El pedido de unificación bajo la órbita electoral surgió por el pedido de los apoderados de «PRO-Propuesta Republicana». Es decir, el fallo de Ziulu le dio la derecha al partido de María Eugenia Vidal que como estrategia defensiva intentará que todo se investigue como una infracción al código electoral y ya no como un delito penal.
La investigación de Kreplak surgió por la denuncia de Teresa García que acusó a Vidal y compañía por “usurpación de identidad, Falsificación de documentos, Lavado de activos y Violación de Secretos y Privacidad”, todos delitos penales que fueron revelados por la investigación del periodista Juan Amorín en El Destape.
Los querellantes en esa causa son un grupo de vecinos de Villa Itatí beneficiarios de planes sociales que aparecen en los listados de aportantes presentados a la Cámara electoral por el PRO, que están representados en la causa por el abogado Luis Alén. También se presentaron como damnificados tres docentes de SUTEBA, patrocinados por Pablo Manuel Vicente y Elizabeth Gómez Alcorta.
Acusan a Vidal, a la tesorera del PRO bonaerense, María Fernanda Inza, a los responsables económicos del partido Gabriel Maximiliano Sahonero y Darío Omar Duarte, y a los candidatos Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor «Toty» Flores, de los delitos de usurpación de identidad, falsificación de documentos, lavado de activos y violación de secretos y privacidad. Todos delitos penales.
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