Aportes truchos: el origen del dinero apunta a contratistas del Estado de Ciudad y Nación

El escándalo de los aportes truchos en las campañas de Cambiemos abrió nuevas líneas de investigación y sospechas. Por la pesquisa periodística de El Destape se supo que la contabilidad de la alianza gobernante blanqueó dinero fraguando donaciones de particulares, entre ellos, de beneficiarios de planes sociales. La revelación detonó un sismo político que derrumbó las acciones de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, cuyo distrito constituyó el epicentro de la crisis. Pero nuevos hallazgos extienden la ola expansiva a la Ciudad de Buenos Aires y la Nación.

Revelada la maniobra de lavado, la atención se fija ahora en establecer el origen de los fondos. Una denuncia presentada esta semana por el equipo de Margarita Stolbizer pide que se investiguen «tres tipos de casos»: a) todos los candidatos de la lista de Cambiemos incluidos como aportantes, en general con la misma suma de dinero que variaba según el cargo al que aspiraba o sus chances de conseguirlo; b) empleados municipales en distintos distritos de la Provincia; c) beneficiarios de planes sociales que aparecen incluidos como afiliados y/o aportantes, «como si se hubieran copiado listados, sin que las personas hayan tenido conocimiento de esa situación», puntualiza el documento.

A esos tres posibles orígenes se suma la denuncia de allegados al sindicalista Omar «Caballo» Suárez, quién sugirió que parte del dinero de la campaña habría arribado desde la intervención del Somu, por entonces a cargo de la senadora Gladys González. «Recibieron el gremio con depósitos millonarios y lo entregaron en rojo», dijeron los denunciantes, sin más evidencias –por ahora– que su propia especulación.

Distinto es el caso de las empresas contratistas. En ese rubro las pruebas se amontonan, derramando la mancha venenosa hacia la Ciudad de Buenos Aires, piedra basal del esquema de poder y negocios más conocido como «macrismo».

Según documentos a los que accedió este diario, en las listas de aportantes entregadas a la Justicia para justificar aportes de las elecciones 2015 y 2017 hay al menos medio millar de particulares sin capacidad económica suficiente como para justificar los aportes en efectivo que les adjudican. Unos 300 de ellos, según una denuncia que judicializará esta semana la organización La Alameda, son empleados de la Ciudad. Otro tanto, cerca de medio centenar, son empleados de empresas contratistas del Estado que amasaron fortunas durante el reinado del PRO en CABA. Y en los últimos dos años se extendieron a la Nación.

Las firmas que se reparten el negocio de la seguridad privada estuvieron entre las más generosas: aportaron dinero y datos personales de sus empleados que, se sospecha, habrían sido utilizados para justificar contribuciones en negro. La generosidad data de las elecciones que llevó a Mauricio Macri a la Casa Rosada.

En 2016, el sitio Chequeado detectó que 20 empleados relacionadas con compañías de seguridad habían contribuido a la campaña. La Justicia cuestionó esas donaciones, a las que consideró un modo de burlar la ley electoral, que impide los aportes de empresas. Pese a esas observaciones, el mecanismo se repitió en la campaña de 2017: según pudo verificar este diario, en las planillas se repite el 80% de los nombres consignados dos años antes. Y aparecen nuevos, que elevan la cifra de empleados aportantes a casi medio centenar.

Una de las que repite es Brenda Erika Ossa, quien figura con un aporte de $ 95 mil para las Primarias de 2015, otros $ 30 mil para las presidenciales y con una donación de $ 16.500 para la campaña porteña de Elisa Carrió. Más de 140 mil pesos de contribuciones en tres campañas. Una cifra que, a primera vista, distaba de sus ingresos como empleada.

Hace una semana, la propia Osso aclaró los tantos al diario Perfil: «Nunca aporté nada. La empresa usó mis datos para justificar aportes», aclaró desde España, donde reside ahora. Y agregó: «Entiendo que con otros compañeros de la firma hicieron lo mismo».

La firma en cuestión es Murata SA. Fundada en 1991, la compañía lleva una década bajo control de Roberto Raglewski, exjefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal hasta que, en 2004, pidió su retiro en medio de un escándalo de corrupción.

Raglewski también integró el directorio de Yusion SRL, otra compañía de seguridad que aportó dinero y media docena de empleados a la listas de aportantes PRO. Según los registros, empleados de las dos firmas relacionadas con Raglewski y de otras dos firmas colegas (Briefing Security-Impes y Verini Security SA) aportaron a la fórmula Macri-Michetti unos $ 875 mil, y al menos 500 mil pesos en la elección legislativa de 2017.

La cifra, claro, es provisoria, ya que el cruce fue hecho con bases de datos públicos. Un fiscal con vocación podría obtener el número preciso cruzando la lista de empleados de las firmas con los listados de contribuyentes entregados por el PRO. Entonces se podría saber con precisión cuánto invirtieron esas compañías en la lucrativa relación que mantienen con los gobiernos macristas. Un ejemplo: en noviembre de 2015, cinco días antes de dejar la Jefatura del Gobierno porteño, Macri extendió contratos por 4400 millones de pesos por cuatro años de «servicios de seguridad y custodia».

Sólo para Murata, el contrato porteño implicó un incremento del 600% en su facturación. Y a eso se le sumaron nuevas contrataciones extendidas por Nación, donde además de ejercer tareas de custodia opera como fuerza de choque para amedrentar a trabajadores estatales, como ocurrió en el INTI.

El jueves, en una pintoresca nota publicada en La Nación, Vidal manifestó su molestia por el magro respaldo que le ofrecieron sus compañeros de espacio. Entre sus pocos defensores, el más enfático fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: «¿Cómo va a saber el candidato quién está aportando y quién es quién? Vidal identificó un responsable y preventivamente la echó, cosa que no pasa nunca en la política. Creo que actuó muy bien», le dijo a Radio La Red. Sus palabras se contradicen con la ley, que le otorga responsabilidad por las irregularidades a los apoderados y al presidente del partido.

Según la norma vigente, Vidal –titular del PRO en provincia de Buenos Aires– no podía «no saber».

Lo mismo corre para Larreta, presidente del partido en la Ciudad. Como vienen las cosas, quizá su enfática defensa a Vidal haya constituido un acto en defensa propia. «