Archivos de inteligencia, una de las deudas de la Masacre de Avellaneda

A pesar de la pandemia y el frío polar, una multitud cortó este sábado el Puente Pueyrredón para reclamar justicia y conmemorar los 19 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, durante la represión desatada el 26 de junio de 2002 en ese mismo lugar, bajo órdenes del entonces presidente interino Eduardo Duhalde. El acto concentró a la mayor cantidad de asistentes de los últimos años y fue uno de los dos eventos realizados durante la jornada. El segundo se desarrolló en formato virtual y fue organizado por el Frente Popular Darío Santillán, en el marco de una jornada nacional de ollas populares y trabajos voluntarios que se desarrolló en distintos puntos del país.

Como sucede desde 2003, cada aniversario de la Masacre de Avellaneda es un termómetro político para las organizaciones sociales. El acto presencial de este año fue encabezado por Alberto y Leonardo Santillán, padre y hermano de Darío, que llevan casi dos décadas reclamando justicia y que el gobierno abra los archivos del aparato de inteligencia. Reclaman conocer los detalles de la planificación represiva que dejó dos muertos, 33 heridos de bala de distinta gravedad y más de 600 detenidos que, en su mayoría, fueron golpeados y maltratados por la Policía Bonaerense y las fuerzas federales que intervinieron.

«A veces uno no puede expresar con palabras lo que hemos pasado en estos 19 años de lucha, en que todos sabemos que las represiones políticas están cubiertas por el gobierno de turno», lamentó Santillán, en un sentido homenaje a su hijo que se realizó durante la noche previa al corte que fue organizado por un sector del Frente Popular Darío Santillán, junto con el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), además de partidos y organizaciones de izquierda. La cita también fue un momento de reivindicación de la lucha que protagonizaron los dos militantes y que sigue en pie a través de miles de jóvenes en todo el país.

Es el mismo espíritu que se vivió durante el evento virtual impulsado por el sector del FPDS que integra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). El encuentro contó con el testimonios de militantes y dirigentes que participaron de esas jornadas y fue conducido por Dina Sánchez y Carina López Monja, dos referentes del FPDS. Su transmisión online buscó mostrar el alcance de la organización, que realizó actos de trabajo colectivo y ollas populares en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, La Rioja, San Juan, Salta, Jujuy, Misiones, Formosa y Chaco. En la provincia de Buenos Aires la conmemoración incluyó eventos en Mar del Plata, Chivilcoy, 25 de Mayo, Avellaneda, Florencio Varela, Quilmes, Ezeiza, Lomas de Zamora, Merlo, La Matanza, Moreno, Tigre y San Martín, mientras que en la Ciudad las actividades se realizaron en Barracas, La Boca, Villa Soldati y Constitución.

La Masacre de Avellaneda contó con la planificación de la administración de Duhalde y luego de los funestos resultados anunció el adelantamiento de las elecciones presidenciales que ganó Néstor Kirchner, en el inicio de un nuevo ciclo político cuyo origen es muy poco recordado, especialmente por el peronismo. La investigación de las responsabilidades penales concluyó el 9 de enero de 2006, cuando el Tribunal Oral Federal 7 condenó a perpetua al excomisario Alfredo Fanchiotti y al excabo primero Alejandro Gabriel Acosta, junto con otros uniformados.

Las responsabilidades políticas fueron investigadas por la Justicia federal a partir de una causa iniciada el 1 de julio de 2002, por Mabel Ruiz, madre de Maximiliano, que falleció pocos años después. La lista de acusados por la planificación incluye a el expresidente Duhalde y a Felipe Solá como exgobernador, además de los exfuncionarios Juan José Álvarez, Carlos Soria, Carlos Ruckauf, Alfredo Atanasof, Oscar Rodríguez, Jorge Matzkin y Luis Genoud, que pasó del Ministerio de Seguridad bonaerense y luego integró la Corte provincial. El caso sigue en manos del juez Ariel Lijo y duerme en su despacho.

Cada vez surgen más indicios sobre la dimensión del aparato represivo en la Provincia que funciona desde aquellos años. En abril, la comisión bicameral de Inteligencia reveló que durante el gobierno de Mauricio Macri se llevó adelante el proyecto AMBA, que multiplicó la cantidad de estaciones de la AFI en el Conurbano para espiar a más de 300 organizaciones y dirigentes sociales. «