Se trata de Gisela Mangone, quien estará a cargo de la gerencia de Recursos Humanos del organismo.

Tal como se desprende de la resolución firmada por Porro, estará a cargo de la Coordinación Operativa y Administrativa de RRHH, cuyas tareas desempeñará en la Sede Central de la CNEA bajo un salario que se equipara con el escalafón Principal B nivel II. Según trascendió, cobraría un salario bruto de entre $ 1.250.000 y $ 1.450.000. La vigencia del contrato es hasta fin de año.
En rigor y según su Linkedin, más allá de sus labores yoguis, Mangone es abogada y en 2013 realizó una Maestría en Derecho Administrativo en la Universidad Austral. Además, en 2022 hizo un Posgrado Interdisciplinario de Derecho Aeronáutico.
El desembarco de Mangone en la sensible área de RRHH se da en un contexto de extrema tensión, despidos y asfixia presupuestaria dentro del organismo. Lejos de la búsqueda de la «paz mental» que promueve la disciplina de la flamante funcionaria, la CNEA atraviesa una de las crisis más profundas de su historia reciente, marcada por el congelamiento de fondos, la parálisis de proyectos estratégicos y un fuerte malestar gremial.
Desde hace meses, la comunidad científica y los trabajadores nucleados en gremios como ATE y APCNEAN vienen denunciando un «ajuste feroz». La falta de partidas presupuestarias actualizadas —el organismo opera con valores reconducidos del año anterior frente a una inflación galopante— no solo licuó los salarios del personal técnico y de investigación, sino que forzó la suspensión de las obras civiles de proyectos bandera de la soberanía tecnológica argentina como el reactor modular CAREM-25.
A la parálisis de la obra pública en los centros atómicos de Ezeiza y Lima, que ya dejó a cientos de trabajadores de empresas contratistas en la calle, se suma el drama silencioso de la «fuga de cerebros». Según advierten desde los sectores sindicales y académicos, los salarios de los científicos e ingenieros nucleares de la CNEA quedaron profundamente devaluados en comparación con el sector privado y el exterior. Esto generó un goteo constante de renuncias de profesionales altamente calificados cuya formación le costó millones de dólares al Estado argentino y que son virtualmente imposibles de reemplazar en el corto plazo.
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