«Armarse es una decisión personal, la seguridad es un debate colectivo»

El documental Desarme, que se verá mañana a las 19:45 por única vez en el cine Gaumont y se estrena este jueves a las 18 horas en Incaa TV, resume el derrotero de las políticas públicas en torno a las consecuencias de una sociedad civil armada. El director Hernán Fernández basó su obra en la historia de los padres de Alfredo Marcenac, Adrián y Mónica, quienes transformaron su dolor en una lucha constante por concientizar sobre el uso adecuado de armas y el desarme de la población.

Los Marcenac, junto a la asociación civil Red Argentina para el Desarme, se convirtieron en una pieza clave para que a fines de 2006 el Congreso aprobara el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. Con un gran impulso inicial, se lograron destruir unas 300 mil pistolas y escopetas, de las cuales 175 mil fueron proporcionadas por los propios ciudadanos, mientras que el resto permanecía en depósitos judiciales con el riesgo de que volvieran al mercado negro.

Este programa, que se convirtió en un ejemplo y fue premiado en el exterior, contemplaba la entrega anónima de estos artefactos ante el ex Registro Nacional de Armas (RENAR) cuyo personal estaba capacitado para su recepción. Además, se debía seguir un estricto protocolo hasta su destrucción.

El programa, que contemplaba puestos móviles en todo el país, se fue prorrogando de forma automática hasta fines del año pasado. Si bien el Senado aprobó el proyecto, aún falta que Diputados haga lo propio. Es que en octubre el Congreso sancionó la Ley que convertía al RENAR en la nueva Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). De esta manera, el control de las armas pasaba de manos privadas a las del Estado.

La familia Marcenac apoyó esta medida porque representaba sacarles a los fabricantes de armas, nucleados en la Aicacyp, el control del RENAR. Pero esa norma sólo está reglamentada de manera parcial y aún está pendiente la parte más importante: el financiamiento.

«El RENAR, como ente autárquico y autónomo, se manejaba con los fondos de los tenedores y los fabricantes de armas. Ellos mismos se controlaban y pagaban los sueldos. Ahora, el Estado debería hacerlo con presupuesto propio, pero el gobierno todavía no lo consideró», explicó a Tiempo Adrián Marcenac.

Las fuentes consultadas indican que los trabajadores que habían recibido una formación especial para recibir las armas fueron echados o bien trasladados a otras áreas del Ministerio de Justicia.

«Armarse es una decisión personal, la seguridad es un debate colectivo. Es una discusión que se la debemos exigir a los tres poderes del Estado. En promedio, en los últimos 30 años hubo entre ocho y nueve muertos por arma de fuego por día, y entre 30 y 40 heridos. Los hechos de inseguridad existen, pero estos ‘nadies’ no quedan registrados en ningún lado», sostiene Marcenac. «