Arquitectura hostil: la ciudad «antipobres» que diseña Larreta

«Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente», solía decir Osvaldo Cacciatore, el intendente porteño de la última dictadura cívico-militar que expulsó a buena parte de los villeros de la ciudad. Horacio Rodríguez Larreta está dispuesto a continuar con el sueño de su antecesor castrense, y se empecina en ubicar a la Capital a la vanguardia de la denominada arquitectura hostil, una tendencia de diseño urbano orientada a rechazar a los indigentes sin techo.

El sábado 13 de abril se inauguró la remodelación de la avenida Corrientes, que será peatonal de 19 a 2 de la mañana. Y los inesperados protagonistas de la jornada fueron los contenedores de basura inteligentes que sólo pueden ser abiertos mediante una tarjeta magnética previamente entregada a los vecinos, comerciantes y encargados de edificios de cada cuadra. «El objetivo es tener una ciudad más limpia y que la basura esté adentro del tacho y no dispersa por toda la calle. El recuperador urbano no saca la moneda del día de esos contenedores. Se las rebusca en los contenedores verdes y en otros barrios», aseguró Diego Santilli, vicejefe de Gobierno porteño, después de que la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCYR-CTEP) se movilizara en contra del polémico mobiliario urbano. Lo que el funcionario de Larreta no dijo es que los recicladores se manifestaron sobre todo en solidaridad con los más perjudicados por este tipo de políticas públicas: las familias pobres que se cayeron del sistema y hoy buscan comida entre la basura para sobrevivir.

«La única forma de que no haya cartoneros es que no haya cartón», decía Larreta en mayo de 2018, durante una reunión con un grupo de vecinos indignados por la basura que arrecia en la ciudad. Un año después, cumple su promesa con la excusa de que la basura es separada en origen y entregada en mano a los recicladores. El resto, entonces, queda prácticamente bajo llave, inaccesible a las familias que buscan comida y piden limosna en las calles céntricas de Buenos Aires. La cifra de indigentes en la ciudad podría trepar este año a las 200 mil personas, de acuerdo a los números de la Canasta Básica de Alimentos que maneja el propio oficialismo porteño.

El diseño urbano aporta dispositivos que perfeccionan la indigencia o, en todo caso, procuran apartarla de la vista en lugares sensibles de la ciudad. «Esta noción de arquitectura hostil llegó a la Argentina de Europa, donde la xenofobia en una sociedad súper fragmentada ha ido desarrollando una arquitectura excluyente en desmedro del urbanismo inclusivo. Larreta importa estas ideas para implantarlas en Buenos Aires», reflexiona Nidia Marinaro, del Estudio Livingston, que encabeza su marido, el reconocido arquitecto Rodolfo Livingston.

El objetivo de expulsar a los indigentes de la ciudad no es novedoso en el PRO. La Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), creada por Mauricio Macri en 2008, buscó echar de manera violenta a los sin techo. Un año después, la fuerza parapolicial fue disuelta luego de haber sido denunciada por organismos de Derechos Humanos, que pusieron en evidencia los reiterados desmanes de la patota.

Un antecedente inmediato de mobiliario urbano «antipobres» fue la instalación en zonas peatonalizadas, a mediados de 2018, de bancos de madera con dos incómodos apoyabrazos en el medio, con el objetivo de que sea imposible acostarse y dormir sobre ellos. Fueron instalados en Diagonal Norte y Constitución, entre otros lugares públicos de alta concurrencia.

«En los últimos años, Rodríguez Larreta ha profundizado el modelo de ciudad pensado por Cacciatore y Macri, como si fuera un gueto de ricos, que excluye desde los servicios que brinda, y que además fragmenta el norte y el sur», argumenta Marinaro. «Llama la atención con cuánta naturalidad se expresa esa desigualdad desde las políticas públicas, mientras al mismo tiempo se genera un costo millonario en obras y equipamientos innecesarios». «

«Tapar»

Eduardo Farías es de Villa Fiorito, tiene cinco hijos y 39 años. Hace 23 que integra la Cooperativa Plaza Lavalle, cuya zona de influencia llega hasta Corrientes y Callao. «El gobierno quiere tapar la pobreza y que los turistas no vean todo esto. Tenemos compañeros que vienen a reciclar pero después hay otra gente que viene en busca de comida. Esto nos cierra la puerta a todos», se queja Farías. «Tenemos dos compañeros que de Callao a 9 de Julio juntaban dos bolsones diarios, pero ahora sólo pudieron llevarse medio bolsón de material para reciclar».