El Enargas convocó a audiencia pública para el 8 de enero. Los nuevos valores incluirán la quita de subsidios, la recomposición de ingresos de las empresas y el efecto de la devaluación.
La movida apunta a disminuir el monto de los subsidios que abona el Estado, tanto en la provisión de gas como de electricidad y transporte público. En los primeros cálculos del Ministerio de Economía, que el propio organismo difundió en sus cuentas oficiales, se prevé reducir el gasto público en ese rubro en 0,7% del PBI, algo así como $ 1,4 billones por año.
En ese sentido, la actualización de las tarifas del gas es sólo un primer paso para el replanteo de otros servicios, como la electricidad y el transporte público, que involucran porciones mucho mayores en la torta de los $ 326.000 millones que gastó el Estado en octubre, según los números informados por la Secretaría de Hacienda en su último reporte.
Índice de actualización
Pero el afán de ordenar las cuentas públicas va mucho más allá de un simple aumento de precios. Entre los temas que el Enargas propone discutir en la audiencia se encuentra la «determinación de un índice de actualización mensual para las tarifas del sector público de transporte de gas natural y del servicio público de distribución de gas por redes».
De implementarse, esto permitirá que tanto las transportadoras como las distribuidoras de gas (dos de las tres patas en las que se asienta el esquema) incrementen mensualmente los valores que perciben, sin perder tiempo en los llamados a audiencia pública y las decisiones administrativas para aplicar esos aumentos. Para los usuarios, por su parte, el nuevo mecanismo significará lisa y llanamente una indexación de las tarifas.
Aunque habrá que esperar unos días para que las empresas licenciatarias hagan conocer sus pretensiones (tienen tiempo hasta el viernes 22 para proponer sus nuevos cuadros tarifarios), se supone que los pedidos de incremento rondarán el 116%, ya que esa es la inflación registrada desde mayo, cuando el Poder Ejecutivo concedió el último aumento. Las empresas productoras de gas, el tercer jugador del sistema, no sufrirán mayores cambios en su ecuación financiera ya que su remuneración está fijada en dólares, que por la devaluación subieron 118% en la última semana.
Proyecciones
Teniendo en cuenta la proporción en que cada una de las tres etapas del sistema impacta en la boleta final del usuario, la consultora Economía y Energía, de Nicolás Arceo, se animó a proyectar algunos números.
Suponiendo que se mantenga un dólar de 800 pesos, un costo del gas en el punto de inyección en el sistema de transporte de 4 dólares por millón de BTU (la medida en que se comercializa el fluido) y una inflación de 25% en diciembre, la tarifa final subiría 204% para los usuarios de nivel 1, el grupo al que ya le retiraron los subsidios; 168% a los de nivel 2, que poseen tarifa social; y 336% a los de nivel 3, el grupo medio que todavía recibe compensaciones del Estado.
Traducido a pesos, los hogares de la Ciudad de Buenos Aires con ingresos medios y altos pasarían a tener una factura de gas promedio de $ 13.867 por mes, asumiendo con ello la totalidad del costo del servicio. Los que tienen tarifa social pagarían sólo el 20% del valor real y su boleta mensual promedio sería de $ 4885.
«Si bien los costos verificarían una reducción respecto del año previo, la depreciación del tipo de cambio y la disminución de los subsidios a los usuarios de ingresos medios y bajos requerirán de sensibles aumentos de tarifas a fin de lograr una significativa disminución de los subsidios energéticos durante 2024», señaló el informe que preparó esa consultora.
El objetivo final del gobierno es recuperar la caída real que significó el combo entre la aceleración de la inflación y el congelamiento de tarifas. «En noviembre las facturas promedio de gas para los usuarios de nivel 1, nivel 2 y nivel 3 cayeron en términos reales un 27%, 63% y 58%, respectivamente, respecto de la factura pre-segmentación», estimó el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, a través de su Reporte Fiscal.
Así y todo, para los sectores más postergados, la boleta de gas representa en promedio un 2,1% del salario mínimo. El inocultable deterioro de los ingresos de la población, agravado por la oleada de aumentos de las últimas semanas, puede ser quizás el freno que disminuya la velocidad del ajuste que planea Luis Caputo. El rumbo, sin embargo, es muy claro. «
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