Parlamentarios de los distintos partidos acordaron iniciar un nuevo proceso para redactar una Constitución que reemplace a la heredada de la dictadura. El pasado 4 de septiembre, la propuesta anterior fue rechazada en el plebiscito de salida.
El proceso estará a cargo de un Consejo Constitucional de 50 miembros elegidos por voto popular que tendrán por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución y una Comisión Experta designada por el Congreso, dice el acuerdo.
La Comisión Experta, que comenzaría a funcionar en enero del próximo año deberá presentar un anteproyecto al Consejo Constitucional, que será votado en abril de 2023, para instalarse el 21 de mayo y entregar el proyecto final el 21 de octubre del mismo año.
El 26 de noviembre o el 1 de diciembre se realizará un plebiscito de salida obligatorio en el que se decidirá si se ratifica o no el proyecto de Carta Magna, agrega el texto del acuerdo, alcanzado la noche del lunes después de más de tres meses de negociaciones.
El Consejo Constitucional deberá ser paritario y tendrá representación de los pueblos indígenas en escaños reservados que serán asignados en base a la cantidad de votos recibidos, dándole al Consejo un número mayor a los 50 consejeros antes mencionados.
Las fechas dependerán de la celeridad con que se apruebe dicho acuerdo en el Congreso, ya que necesita de una reforma constitucional con un quórum de cuatro séptimos para ser aprobada.
Esta será la segunda oportunidad que se dan los parlamentarios chilenos de escribir una constitución en democracia, ya que la vigente data de 1980, cuando el país vivía la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet.
El primer proceso constituyente
El primer proceso constituyente fue rechazado el pasado 4 de septiembre, cuando la propuesta comandada por la Convención Constitucional, órgano compuesto por 155 miembros elegidos por votación popular, fue rechazada en el plebiscito de salida con un contundente 61% de los votos.
El inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.
Las multitudes que tomaron las calles chilenas entonces señalaban a la actual Constitución como origen de la desigualdad y reivindicaban un nuevo modelo de Estado que garantizase la salud pública, la educación universal de calidad o una mejora de las pensiones.
El 25 de octubre de 2020, mediante un plebiscito nacional, se aprobó por casi el 80% la redacción de la nueva Constitución y unos meses después, en mayo de 2021, se eligieron los 155 convencionales que redactaron el texto que finalmente no prosperó.
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