Organizaciones sociales y dirigentes políticos participaron de una reunión en la que analizaron la actitud del Estado en un contexto que consideran de retroceso en materia de garantías de los derechos individuales.
Estamos acá para hacer un diagnóstico en materia de Derechos Humanos, y construir una agenda que nos permita avanzar para revertir estas problemáticas. Casos como el Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, son los que muestran una actitud violenta del gobierno actual, que en realidad debería garantizar estos derechos. Es por eso que todas las organizaciones y movimientos sociales nos tenemos que poner de acuerdo para preparar nuevas estrategias que nos permitan luchar por los Derechos Humanos, explicó a Tiempo el diputado nacional Leonardo Grosso.
Familiares de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado en las oscuras noches dictatoriales y de la violencia policial actual, se prenunciaron en la asamblea para decir nunca más y organizarse para continuar con el histórico reclamo.
Nos reunimos para animar las políticas de Derechos Humanos, por varios motivos, más allá de la violencia institucional, porque existen distintas manifestaciones de la misma. La forma es trabajar en conjunto con los movimientos sociales y en los territorios. Sucede como en la década del 90, cuando nos vimos obligados a reorganizarnos porque la situación y el contexto nos condicionó a eso, aseveró Mario Santucho.
En el barrio porteño de La Boca, como en muchos lugares, hay una familia que fue víctima de esta violencia legitimada que aqueja a las personas de los sectores más desfavorecidos. Se presentaron en la asamblea para contar lo que padecieron en manos de quienes deberían cuidarlos.
Mi hijo estaba en mi casa, eran la vacaciones de invierno del año pasado. Él tiene una rutina, estudia y hace música. Lo concreto es que se paró en la esquina y de repente pasó un auto a toda velocidad y atrás un móvil de la policía. Pararon y comenzaron a patearle la cara, le pusieron una pistola en la cabeza y se lo llevaron preso, asegura Julián Lencina. Y continua: Luego lo largaron, porque se dieron cuenta que era inocente. A raíz de esto realizamos una serie de denuncias por el atropello que sufrió mi pibe, pero nunca fuimos escuchados por la Justicia. A cambio sufrí represarías, la Policía me detuvo, allanó mi casa, me robaron todas la herramientas de mi taller, me esposaron en una cama durante una semana y me inyectaron drogas. Esto me pasó hace dos meses, lo mínimo que pido es una respuesta de los jueces que hacen oído sordo.
Las Instituciones que realizan un fecundo trabajo con personan privadas de su libertad y en conflicto con la Ley, también estuvieron presentes. Escucharon los tristes relatos de los familiares de las víctimas de la violencia de Estado.
Nosotros participamos de la asamblea para conmemorar el 8 de Mayo. Lo hacemos para ver cuáles son los planteos de intervención y de acción política en cuanto a los reclamos institucionales. Nos preocupa mucho la situación de ejecuciones que vienen efectuando las fuerzas de seguridad, en las cuales mueren pibes pobres. También la super población en las cárceles y la continua violación de derechos que padecen los detenidos, finaliza Paula Litvachky, del Cetro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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