Sin licitación de por medio, contrata a las mismas 24 empresas que el año pasado recibieron casi 9 mil millones de pesos, luego de la derrota en las elecciones porteñas.
Esta vez, sin licitación de por medio, vuelve a contratar a las mismas firmas para que encuesten sobre diferentes aspectos de la gestión, de cara a las elecciones generales del próximo año.
Sin brindar mayores detalles estipula que el objeto de contratación es para el “Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, en su modalidad cuantitativa y cualitativa, dirigidos a un determinado grupo de personas y en relación a temas específicos”.
La Licitación era por 12 meses, pero en las últimas horas acaba de renovarla para que los trabajos lo realicen las mismas firmas favorecidas en 2025 con montos millonarios.
“Este contrato estaba por vencer en estos días ahora en julio y se prorroga, te diría que casi pasó la firma del ministro de Hacienda por un año más. Esto tiene varios problemas, pero principalmente, te diría que nosotros como órgano auditor, como auditoría, impide y dificulta bastante hacer el seguimiento de cómo se hace esta prórroga”, explicó a Tiempo la titular de la auditoría porteña Mariana Gagliardi.
Son un total de 24 consultoras entre las que se encuentran: Julio Francisco Antonio Aurelio, Unistat Consulting S.A., Maria Eugenia Herrera, la consultora 2R, Prospectivas S A, y, Poliarquía Consultores S.A, entre otras.
Quien recibió por entonces la mayor partida de dinero fue la consultora “Evangelina Pérez Aramburú”, que fue beneficiada con la suma de $715.478.277,72 (pesos setecientos quince millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos setenta y siete con 72/100 centavos).
Cabe señalar que Pérez Aramburú es una histórica aliada del PRO que viene trabajando con el espacio desde los tiempos de Durán Barba. En 2019, realizó varios estudios que sirvieron para delinear la gestión de gobierno de esa fuerza política.
Gagliardi sostiene que, desde la propia auditoría, es muy difícil realizar un seguimiento de los nuevos montos que pagará este año el macrismo. “Esto se da por dos cuestiones básicas: deberían haber hecho una licitación nueva, con todos los pasos y la publicidad que esta debe cumplir. Además, cuando se realizan prórrogas de este tipo, entra en discusión y se dispara el sistema de redeterminación de precios. Ese es otro trámite que muchas veces va por expedientes separados, lo que dificulta enormemente que cualquier ciudadano, legislador o, en este caso, nosotros desde la auditoría, podamos determinar el costo final que se paga por los servicios”, señaló.
“Es un gasto que pertenece a los porteños y las porteñas, y que debe quedar claro. Resulta contradictorio ver que el año pasado destinaron casi 9.000 millones de pesos a estudios de opinión pública mientras, al mismo tiempo, el Boletín Oficial publica decretos que recortan el servicio alimentario”, concluye.
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