Desde que asumió Milei los profesionales de RTA y Contenidos Públicos sufrieron una pérdida del poder adquisitivo de su salario cercano al 70%. Ahora enfrentan una agresiva campaña que pretende forzar renuncias masivas.
El escenario se agrava por un congelamiento salarial que se mantiene desde agosto de 2024. Hasta octubre, la pérdida de poder adquisitivo que ronda el 70 %, una cifra que sigue creciendo con la inflación que convierte cada mes de trabajo en una erosión constante de ingresos. Para los empleados con mayor antigüedad, las compensaciones se ofrecen en hasta tres cuotas y se les impide volver al Estado durante cinco años, lo que limita opciones y aumenta la presión económica.
La intervención de las señales estatales, prorrogada hasta 2027, concentra el control en nuevas autoridades y utiliza la supuesta “voluntariedad” del plan para imponer un ajuste brutal sobre quienes sostienen los medios públicos. La combinación de salarios congelados y retiros condicionados deja claro que aceptar la salida no es una elección libre: es la única forma de no quedar atrapado en un ingreso que ya no alcanza para cubrir necesidades básicas.
El impacto alcanza a toda la estructura: TV Pública, Radio Nacional, Paka Paka, Depor TV y Cont.ar. La política oficial combina coerción económica y amenaza de desvinculación, mostrando que los retiros no son voluntarios sino despidos encubiertos, que junto a la pérdida de poder adquisitivo configuran un verdadero calvario laboral.
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