Asume la nueva presidenta de la Asociación de Magistrados

La presidenta electa de la Asociación de Magistrados, la camarista Comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, asumirá el cargo el próximo jueves con dos premisas: mejorar la imagen de los jueces ante la sociedad y resistir los embates para que los magistrados paguen el Impuesto a las Ganancias.

La primera premisa la manifestó sin dobleces en un breve discurso que pronunció ante periodistas a los que la Asociación invitó a un brindis de fin de año. “Creemos que no son justas algunas críticas que recibimos. Por algunos casos puntuales se deja de lado que la mayoría de los funcionarios judiciales trabajan correctamente”.

Se insinúa una intensa actividad de prensa para mostrar las actividades del organismo corporativo de jueces y fiscales por excelencia. De hecho, recientemente cambiaron toda el área de comunicaciones de la asociación.

La visión de Gómez Alonso de Díaz Cordero respecto de la familia judicial es, no obstante, la del abroquelamiento y el blindaje ante las críticas, y la defensa de un sector que desde distintos segmentos de la sociedad es cada vez más cuestionado. La nueva titular de la Asociación cree que la exención del Impuesto a las Ganancias “no es un privilegio” sino un derecho establecido en la Constitución Nacional, cuando habla de la intangibilidad de los salarios de los magistrados. En ese sentido, abona la idea de que se les incremente el sueldo a jueces y fiscales en la misma proporción en que se les descontaría Ganancias, de modo tal que la cuenta final tenga incidencia cero en sus bolsillos.

Omite, incluso ante el señalamiento de varios periodistas, que los trabajadores que pagan Ganancias también tienen derecho a que sus sueldos sean intangibles, y no reciben compensación alguna por la carga tributaria.

Además, Gómez Alonso de Díaz Cordero parece tácitamente sacar a los jueces de la categoría de “trabajadores”. O no lo son, y por eso merecen un tratamiento especial, o sí lo son pero reclaman –desde una posición de fuerza- un privilegio que no tienen otros trabajadores. Parece difícil saltar la brecha partiendo de ese concepto.

La jueza declama como idea la de incorporar “gradualmente” a los jueces al Impuesto a las Ganancias. Por ejemplo que en una primera etapa, en lugar de un 30/35% de sus salarios, paguen un cinco por ciento. Y que ese porcentaje se vaya incrementando año tras año. Y no ve con malos ojos que los nuevos jueces, designados a partir de ahora, paguen Ganancias completo, aunque tampoco lo considera imprescindible porque se trata de 258 vacantes. “Eso no mueve el amperímetro de las cuentas públicas ni de la recaudación impositiva”.

Es cierto, hoy no lo mueve. Pero la Asociación de Magistrados tiene 3000 afiliados; a medida que se vayan jubilando, o renuncien, los que lleguen deberían pagar Ganancias completo y así, en un tiempo prudencial a futuro, todos los jueces pagarían el tributo.

El tema no es la gradualidad, ni siquiera el porcentaje. El tema es que los jueces no quieren pagar Ganancias. Defienden esa excepción como un derecho adquirido, que ellos mismos adquirieron.

Cuando una ley dispuso que tributaran ese impuesto, una acordada de la Corte (en tiempos de la “mayoría automática”) lo evitó. De la misma manera que entendió que el tope de 75 años de edad establecido por la Constitución de 1994 no los alcanzaba. Igual que ahora, en que los camaristas federales interpretaron que la Ley de Flagrancia sólo se puede aplicar si se trata de delitos con armas. Con esa lógica, si una persona trafica diez kilos de cocaína pero no tiene armas, y un policía lo sorprende, no se trata de un delito “en flagrancia”.

Gómez Alonso de Díaz Cordero forma parte de la Lista Bordó, oficialismo desde hace muchos años en la Asociación. A ella pertenecen, por ejemplo, los jueces Ricardo Recondo y Luis Cabral, y el fiscal Ricardo Sáenz.

Una primera actitud ya emergió de la nueva/renovada conducción: le soltaron la mano al secretario del juez federal Julián Ercolini, Federico Fornasari, por el audio que se filtró en el que maltrató a un policía federal que le formuló una consulta de madrugada sobre un caso de menudeo de narcotráfico. Fornasari fue apartado del cargo y sometido a sumario administrativo.

Para la flamante presidenta de la Asociación, es lo que corresponde: “el maltrato no se puede justificar”.