Atentado contra Cristina: la justicia convoca a las partes y se cierra el círculo de la impunidad

El Tribunal Oral Federal número seis planea convocar a las partes que intervienen en el proceso por el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner,  durante el mes de setiembre. Los abogados de la querella, la fiscal Gabriela Baigún y las defensas de los tres únicos imputados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, tendrán entonces la posibilidad de proponer las pruebas que quieren llevar al debate.

Se trata del primer paso en el camino al juicio oral, siempre dependiendo de lo que propongan las partes. ¿Existe la posibilidad de que el juicio se celebre este año? Es improbable, mas no imposible.

Una de las principales dificultades que atraviesa el tribunal que debe juzgar a los pretensos asesinos de Cristina Kirchner es la inestabilidad de sus jueces. No porque corran riesgos de continuidad en sus cargos sino por el carácter de subrogantes. Dos de ellos, incluso, cesan en sus reemplazos a fin de año, con lo cual podrían estar llamando a un juicio en el que no participarán.  Hay toda una controversia sobre qué hacer en esos casos, pero ninguna certeza de lo que finalmente ocurrirá.

La oposición mantiene frenados en el Senado los pliegos de más de 70 jueces en todo el país y los concursos en el Consejo de la Magistratura avanzan con exasperante lentitud. Así, el tribunal que debe juzgar el hecho político criminal más grave del último siglo no tiene jueces titulares y definitivos.

Los tres integrantes actuales del tribunal, Sabrina Namer –quien ejerce la presidencia y tiene designación por un año -, Daniel Obligado e Ignacio Fornari (quienes cesan a fin de año) son suplentes y tienen, a su vez, juicios que atender en otros tribunales.

Tal y como está planteada la investigación que llegó desde la instrucción, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, el juicio no parece complicado.

Es tal la simplificación de la instrucción de la causa que una vez iniciado el debate podría resolverse en un puñado de semanas. Tras el ofrecimiento de pruebas sobrevendrá el proveído (las pruebas que el tribunal aceptará producir para el debate) y luego la fijación de la fecha de inicio.

El auto de elevación a juicio sólo contiene la secuencia del intento frustrado; la película va apenas hacia atrás a un supuesto intento anterior también fracasado y se limita a tres lúmpenes que una mañana se despertaron y como no tenían nada mejor que hacer fueron a matar al personaje político más importante de la actualidad.

Menos aún: Sabag Montiel dijo en una carta reciente, manuscrita, enviada al tribunal, que actuó en solitario, que nadie más que él es el responsable del hecho, que prácticamente no conoce a Carrizo (pese a que trabajó para él vendiendo algodón de azúcar) y que Brenda Uliarte “no tiene nada que ver” con el hecho.

Con todas las miradas apuntadas hacia él, eso será el juicio. Pese a lo obvio, nada más se discutirá. Todas las líneas de investigación que propuso la querella en nombre de Cristina Kirchner fueron descartadas.

La lista es larga:

–  El misterioso borrado del teléfono del principal acusado, que pasó por más manos que una pelota de básquet.

– Las actividades de la agrupación fascista Revolución Federal.

– – El libertario antisistema Hernán Carroll, a quien Sabag Montiel le encargó que le buscara abogado.

– – El financiamiento de Caputo Hnos. al líder de Revolución Federal.

– Los millonarios pagos a una carpintería montada sobre videos de Youtube

– -El diputado de Juntos por el Cambio  Gerardo Milman.

– – La supuesta existencia de una segunda arma para el atentado.

– El hallazgo de un arma en poder de una mujer que la ofrecía en los chats de Revolución Federal para “operación bala” justo antes del atentado.

– – La presunta existencia de una “zona liberada” en la calle, que es jurisdicción de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

– – Las fallas de la custodia de la vicepresidenta.

– La creación de un clima de violencia social propicio para un magnicidio.

El Poder Judicial, en su versión Comodoro Py (la jueza María Eugenia Capuchetti y los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi)  consideran que los puentes que unen a Revolución Federal con el atentado contra la vicepresidenta no existen. Para Llorens, incluso, lo que hizo Revolución Federal ni siquiera es delito.

La investigación del ataque está hoy reducida a la teoría que tomó forma después de las dos primeras semanas de investigación. La jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo arrancaron la investigación con un ímpetu y una celeridad asombrosas, pero algo pasó a poco de andar que ese vértigo se detuvo. La etapa cansina de la pesquisa se mezcló con las negativas a avanzar en otras líneas que condujeran más allá de los detenidos y con una obstinada protección para la magistrada y el representante del Ministerio Público cada vez que los abogados de Cristina Kirchner pedían apartarlos.

¿En qué situación está hoy el expediente? Una parte está camino al juicio oral y queda un remanente por ¿investigar? La Cámara ordenó secuestrar (no hizo falta, lo entregó voluntariamente) y peritar (no fue posible porque lo frenó) el teléfono del diputado opositor Gerardo Milman. ¿Qué esperan que haya allí? Nada.

Milman niega haber proferido la frase que se le atribuye dos días antes del intento de magnicidio: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. Más aún, denunció por falso testimonio a Jorge Abello, el asesor del diputado oficialista Marcos Cleri que asegura haberlo escuchado pronunciar esa expresión en el bar Casablanca, cercano al Congreso. Esa denuncia la tiene el juez Julián Ercolini. ¿Qué pasó? Lo mismo, nada.

El escenario apunta a una condena sin mayores complicaciones contra al menos uno de los detenidos, probablemente dos, dudosamente a tres. No hay mucho que probar, lo que se vio –lo que estuvo a la vista- es lo que va a llegar al debate. Y allí todo indica que se cerrará la historia.