El respaldo del sector privado al avance de la primera reforma estructural no estuvo exento de sorpresas, pedidos adicionales y disputas entre los diversos sectores que lo componen.
La exageración tiene su parte cierta. Hay dirigentes de empresa sorprendidos porque el proyecto les atribuye, por ejemplo, el derecho a recortar salarios a empleados con licencia médica. Otros no tenían en su espectro la posibilidad de una jornada laboral de 12 horas. La cuestión extraña también a los abogados de los estudios que colaboraron y colaboran, afanosamente, con la redacción de las reformas que desconocieron esos aportes en particular, de igual manera que algunas cámaras y federaciones empresariales.
Sorpresas al margen, la familia empresarial es uno de los pilares de la gestión libertaria, a la que acompaña con las ideas y con un ejército de técnicos estratégicamente colocados a lo largo y a lo ancho del entramado de la administración pública.
Previsiblemente, la media sanción del proyecto en el Senado se ganó el aplauso cerrado de la tribuna empresarial, que ahora espera la confirmación en Diputados y la apertura de una nueva dimensión de consecuencias impensadas para la inmensa mayoría de los argentinos.
En el cierre de la semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió a una comitiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), encabezada por el titular de la entidad, Martín Rappallini. Según la versión de los industriales, en la reunión se destacó la reforma laboral, con reservas.
La conducción de la entidad hace equilibrio entre los intereses de la gran industria y las presiones de los sectores más castigados por la apertura de las importaciones, la caída del mercado interno, los aumentos de la energía, el precio del dólar y otros aspectos de la política económica del gobierno.
Rappallini subrayó en el cruce con Caputo “la importancia de la modernización laboral” y del “ordenamiento macro” pero, el comunicado de prensa advirtió por las consecuencias del ajuste en el sector y acercó sugerencias para resucitar la actividad.
Una línea similar de banca con sabor a poco planteó la industria pyme. “La ley no está mal en su espíritu, pero será difícil que se traduzca en empleo genuino”, opinó Daniel Rosato, líder de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
“Toda reforma laboral será exitosa sólo si la acompaña una política firme de fortalecimiento a la industria”, una premisa que parece muy difícil de esperar, si se considera la visión del gobierno respecto del sector. “Hoy las pymes sufren caída de la actividad, aumento de los costos y dificultades para sostener el empleo”, concluyó el empresario.
El miércoles, mientras el proyecto de ley se discutía ásperamente en el Senado y las fuerzas de seguridad reprimían en los alrededores del Congreso, la cámara que representa a las empresas estadounidenses con inversiones en el país (Amcham) salió a respaldar ampliamente la propuesta.
“El Congreso está debatiendo una reforma necesaria para adecuar las relaciones laborales a la situación argentina actual”, definió la entidad en un posteo en la red social X, con el argumento de que “seguíamos con estructuras pensadas para los años ‘70, en un mundo que cambió por completo. El resultado es claro: el empleo formal estancado hace décadas y casi la mitad de los trabajadores en la informalidad”.
Para los capitales estadounidenses, la propuesta “avanza de la dirección correcta: incentivos a la revisión de las relaciones empleador-colaborador, menos litigiosidad y más previsibilidad. Hoy emplear en Argentina implica altos costos y decisiones judiciales que desalientan nuevas contrataciones”.
Queda claro que, de entrada, todos están de acuerdo con la ley pero los propios empresarios no terminan de ponerse de acuerdo sobre la incidencia que va a tener en la creación de empleo de calidad.
Hubo empresarios que le dieron centralidad al respaldo del accionar de la policía, como la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba). “La violencia nunca es el camino para expresarse”, planteó la entidad, sin analizar los hechos que precedieron a la represión ni profundizar el contenido del proyecto de ley.
La Cámara de Autoservicios Mayoristas (Cadam) manifestó su “profundo rechazo” a la modificación de último momento del artículo 128 de la norma.
Según la denuncia, el texto original establecía “el carácter voluntario de los aportes a cámaras empresarias”, sin embargo en una corrección final se habría asegurado a esas cámaras la posibilidad de seguir recaudando.
Cadam apuntó contra la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), que “participan de la mesa partidaria y son beneficiarias de la administración de los aportes obligatorios que allí se negocian a través del Instituto Argentino de Capacitación Profesional para el Comercio (Inacap). «
La posibilidad de encontrar, contratar, retener y capacitar personal es un problema menor para los empresarios argentinos que respondieron al Índice de Confianza Empresaria de la consultora Vistage, relativo al cuarto trimestre de 2025.
Ante la pregunta sobre el problema más importante de sus empresas en la actualidad, el 26% respondió “temas financieros”; el 20% apuntó el aumento de los costos, como los de energía, materia prima o salarios.
En tanto, el 17% respondió que su mayor problema es el crecimiento, demasiado lento o rápido, de su empresa; y el 16% indicó apuntó hacia la incertidumbre económica.
Sólo el 14% de los consultados se refirió a problemas con el personal, respuesta que quedó en el quinto lugar. La categoría “otro” tuvo un 7% de respuestas.
El estudio encuestó a 440 empresarios, entre CEOs, gerentes Generales y dueños de empresas. El Índice de Confianza Empresaria de Vistage alcanzó los 113 puntos superando los 91 del tercer trimestre de 2025 pero cayendo fuerte respecto a los 124 del mismo cuatrimestre de 2024.
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