Audios de Karina Milei: ya son seis las apelaciones contra la cautelar del juez Marianello que impidió difundirlos

Por: Ariel Stemphelet

Periodistas, abogados, el Sipreba y el Cels son algunos de que presentaron escirtos cuestionando la decisión del magistrado.

La cautelar que dispuso el juez en lo Civil y Comercial Patricio Maraniello para evitar que se difundan audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no hizo más que cosechar repudios. Más allá de los públicos, dentro del expediente judicial ya se presentaron seis recursos de apelación contra la medida y se espera un nuevo pronunciamiento de la hermana del presidente y autora del pedido para frenar la difusión.

El expediente sobre medidas cautelares que se abrió a principios de mes a partir de la presentación particular de la funcionaria estuvo varios días bajo un fuerte hermetismo pero esta semana varios abogados lograron ser incorporados al expediente. Fue por medio de distintas quejas, muchas de referentes del periodismo, contra la decisión tildada de «censura previa».

Uno de los que se presentó fue el periodista Jorge Fontevecchia, ceo del Grupo Perfil. Lo hizo con el patrocinio de un equipo de abogados de peso: Ricardo Gil Lavedra, Roberto Gargarella, Sebastián Guidi y Hernán Gullco. En su caso, plantearon un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, es decir, un pedido para que el propio juez que dictó la cautelar la revise antes de que lo haga la Cámara de Apelaciones.

El periodista Jorge Fontevecchia fue uno de los que se presentó medidas contra la cautelar de Karina.

Maraniello hizo lugar y es por eso que le corrió traslado a Karina Milei para que emita su opinión. La funcionaria tiene tiempo hasta las primeras horas del lunes para presentar un escrito que contará con el patrocinio de su abogado Santiago Viola. No hubo precisiones del entorno de la hermana del presidente ante las consultas de Tiempo respecto de cuando harán la presentación.

En el planteo de queja, Fontevecchia planteó que la cautelar se puede catalogar como un caso de censura previa prohibido por la Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Para los autores de la presentación, la cautelar del juez no pondera de manera adecuada «la especial protección que merecen las expresiones vinculadas con funcionarios públicos y asuntos de interés público» a tiempo que consideraron que la resolución «es de una vaguedad impermisible».

«La resolución intenta presentarse a sí misma como minimalista y restrictiva, al destacar que ‘solamente’ o ‘únicamente’ prohíbe la difusión de determinados audios. Sin embargo, dado que la señora Milei no logró identificar cuáles eran los audios que buscaba prohibir, al juez de grado le es imposible señalar específicamente cuáles son los audios a prohibirse», esgrimieron.

A propósito de ese punto, la semana pasada Tiempo había publicado una versión de una alta fuente judicial que sindicaba que la cautelar del juez sólo impedía que siga la difusión de los dos audios atribuidos a Karina Milei que había difundido el canal de streaming Carnaval. Y que de ninguna manera estaba prohibida la difusión de otros audios que desde ese medio dijeron tener.

Otro de los recursos de apelación presentados en el expediente tiene la firma de Amnistía Internacional, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). En el escrito que elevaron le pidieron a Maraniello que revise la decisión de mantener el expediente bajo reserva. Ocurre que las causas iniciadas en el Fuero Civil y Comercial son públicas a menos que se disponga lo contrario y en este caso hubo un pedido de la secretaria general de la Presidencia para que las actuaciones sean ocultas.

Respecto de ese pedido, al cierre de esta nota aún no era posible acceder al expediente de manera pública.

Según pudo saber este medio, también llegó un recurso de apelación con la firma de los abogados Andrés Gil Domínguez y Damián Loreti. En ese caso, fundamentaron la queja al invocar la existencia de una censura previa con impacto en los intereses colectivos de la sociedad a los cuales «se les impide recibir información relacionada con los temas de interés o relevancia pública contenidos en los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a la secretaria general de la presidencia».

El abogado Damián Loreti junto con su colega Andrés Gil Domínguez también hicieron una presentación.
Foto: Diego Diaz

Mauro Federico, el periodista de Carnaval stream que difundió los dos audios atribuidos a la hermana del presidente, también se presentó en la causa. Por medio de su abogado Casiano Highton elevó un recurso de apelación y ya fue incorporado al expediente. Hay dos recursos a nombre de Mauro Pantaleón Ocampo y Fernando Alonso.

«Estamos con plazos de apelación y resolución de la revocatoria. El Juzgado notificó a las partes por secretaría para hacerlo expedito», dijeron a este medio fuentes judiciales respecto de los cuestionamientos a la cautelar. Se espera, en esa línea, que además de un pronunciamiento de la secretaria general de la Presidencia haya un nuevo pronunciamiento del juez y que, además, la Cámara en lo Civil y Comercial revise esa decisión.

El expediente en cuestión está caratulado como  “Milei, Karina Elizabeth s/ medidas cautelares”, y se inició el 29 de agosto pasado por decisión de la funcionaria. A través de un escrito, Milei pidió dos cosas: que se frene la difusión de cualquier «chat, foto, audio y video anunciados el día 29/08/2025 como atribuidos a mi persona en cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web».

Además, como reveló Tiempo esta semana, también pidió que se disponga «la prohibición de referirse en cualquier medio de comunicación masiva en forma directa e indirecta hacia mi persona con relación a supuestos audios o chats atribuidos a mi persona que, de ser ciertos, habrían sido obtenidos de forma ilegal y que podrían afectar gravemente a mi familia y la seguridad nacional». El juez sólo hizo lugar al primer punto.

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