Para la defensa de los cuatro imputados es un caso de criminalización de la protesta social, basado sólo en declaraciones de policías federales. Alegatos.
Astor Valentín Galán Vizgarra, Juan Carlos Denuble, Nelson Joaquín Arrúa y Pedro Esquivel son los imputados a los que la fiscalía intenta acusar del delito de «atentado contra la autoridad» y daños, figura penal que puede acarrearles hasta un año de prisión.
El martes 10 de marzo comenzó el debate y el fiscal Tomás Vacarezza dispuso que se archive la causa contra otro de los detenidos e imputado hasta ese momento, Joaquín Ignacio Gould.
El 2 febrero de 2024 se llevó adelante una sesión especial en el Congreso para tratar la Ley Bases. Mientras tanto, en paralelo se concretaba el festival Unidos por la Cultura” organizado en la Plaza de los Dos Congresos con el objetivo de rechazar la norma.
Allí la policía desató una represión brutal que también dejó como saldo 65 personas heridas y la aprehensión de otras 14, entre ellas los cuatro imputados.
En este contexto, el Ministerio Público Fiscal los acusa de arrojar piedras y botellas de vidrio contra efectivos de la Policía Federal. Hasta el momento, el único elemento que pusieron sobre la mesa para sostener esta acusación son las declaraciones de los funcionarios policiales que detuvieron a los imputados.
“Declararon los funcionarios policiales que detuvieron a los cuatro compañeros que debieron afrontar el juicio. Vale destacar que esa es la única evidencia contra los manifestantes: la propia palabra de los agentes, completamente autoreferencial y cuya parcialidad resulta obvia: cada uno afirmó que solo él había visto el supuesto arrojo de objetos hacia el personal policial, aún cuando describieron operativos con gran cantidad de funcionarios” resumió Marcela Dal Santo, que integra el equipo de abogados y abogadas la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, que tiene a su cargo la defensa de los manifestantes.
La letrada remarcó que la defensa aportó “cuantioso material fílmico que registra la ausencia de todo hecho delicitivo por parte de los injustamente acusados. El fiscal no aportó al juicio registro fílmico alguno en el que se vea la supuesta agresión, lo cual es síntoma de la ausencia de esa acción: estamos hablando de la intersección de Callao y Rivadavia, saturada de cámaras públicas y privadas, además de las cámaras que portan las fuerzas de seguridad”.
Durante las jornadas del juicio declararon diversos testigos, entre ellas dos de las organizadoras del festival, Mirta Israel y Katja Alemann. “Un testigo relató cómo fue demorado durante más de cuatro horas, precintado en la calle y el propio fiscal reconoció que no había registro de ello, dando cuenta de hasta qué punto el personal policial obró por fuera de la norma”, afirmó la letrada Dal Santo.
Finalmente, declararon los manifestantes, quienes expusieron sus circunstancias personales, las razones por las que se habían convocado a la Plaza de los Dos Congresos (el festival) y como “fueron arbitrariamente detenidos y gaseados en su rostro luego de estar inmovilizados, demostrando así que la versión dada por los funcionarios carece de verosimilitud, lo que deja a la acusación huérfana de apoyatura y por tanto, sin posibilidades razonables de condena”, sostuvo la abogada. De modo que este lunes, la defensa a cargo del equipo de abogados de CADeP pedirá la absolución. «
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