"Las decisiones del presidente se respetan", sentenció el vocero presidencial Manuel Adorni.
«El Presidente (Javier Milei) ha dejado trascender que todos los funcionarios del Gobierno están confirmados y ratificados. No sólo públicamente, sino en privado también», destacó en la conferencia de prensa semanal.
En la misma línea, afirmó: «El que efectivamente elige a los funcionarios, al menos los de primera línea, es el Presidente de la Nación. Luego, a los de primera línea les permite libremente elegir a sus funcionarios, de acuerdo a la capacidad de ellos o a cómo ellos se sientan cómodos con las personas trabajando».
«Por lo tanto, no hay nadie que pueda opinar sobre las decisiones del Presidente desde dentro del Gobierno, porque las decisiones del presidente se respetan», sostuvo luego de que militantes de militantes de Las Fuerzas del Cielo cuestionaran a los armadores Sebastián Pareja y Eduardo «Lule» Menem.
Asimismo, remarcó que el mandatario tiene «plena confianza» en su equipo, aunque aseguró que mantiene respeto de «la instancia judicial». «Tiene el deseo de que la Justicia termine determinando cuál es la explicación de por qué existen esos audios, si son o no son editados y si, más allá del que el contenido es falso, de punta a punta para entender cuál es un poco la razón de por qué se dijo lo que se dijo», aclaró.
«El contenido de los audios es falsos, pero deberá determinar la Justicia cómo surgieron, de qué manera, si están o si no están editados», aclaró, y subrayó: «El Presidente no tolera ningún acto de corrupción de ninguna índole; por lo tanto, tomará las medidas correspondientes de acuerdo a cómo avanza la investigación. Si hay alguien comprometido con la corrupción, siempre ha sido el Presidente».
Tras las críticas de la dos veces presidenta Cristina Kirchner, el portavoz evitó polemizar con la titular del Partido Justicialista, pero aprovechó la oportunidad para elevar una chicana. «Estaba trabajando, no tuve tiempo de leer. Dicho sea de paso, increíble que un preso escriba desde la cárcel, independientemente de que la cárcel sea la cárcel tradicional o que sea su domicilio particular», expresó.
«Hace mucho que no leo lo que dice, lo que tuitea Cristina con un vocabulario que va empeorando tuit a tuit, pero más allá de eso, el escenario de octubre va a ser un escenario con algo más de volatilidad de lo que veníamos acostumbrados», alertó, y sumó: «Cuando la posibilidad de un precipicio está por delante, es lógico que intentes frenar para no seguir avanzando y caerte».
A días de la abultada derrota bonaerense, Adorni reveló que La Libertad Avanza realizó una autocrítica puertas adentro y anticipó que mejorarán el mensaje camino a octubre. Además, cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien reafirmó en una entrevista que no se arrepiente de haber impulsado la estatización de YPF.
“Bastante penoso ver a un gobernador de la provincia, responsable de una Argentina lastimosa, decir que no se arrepiente de nada, tomando mate, un poco tarde. Pero bueno, los gustos hay que dárselos en vida”, fustigó.
En otro pasaje de la conferencia, el vocero aclaró que el Presupuesto 2026, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene el “85% de lo recaudado por el Estado Argentino destinado al capital humano” que comprende la educación, la salud y los jubilados.
También señaló que las partidas destinadas a las universidades nacionales “tienen determinado 4.8 billones de pesos” y recordó que la entrada en vigencia de dicho presupuesto dependerá, como se contempla legalmente, de la aprobación de ambas Cámaras del parlamento.
“El nuevo proyecto contempla un 8% de aumento en la partida destinada a Educación, un 17% a la partida de Salud, un 5% en jubilaciones y un 5 % percibido, per cápita, para pensionados por temas de discapacidad. Todo en términos reales, es decir, sobre el índice de la inflación”, indicó.
Por último, contó que la administración firmará el decreto que dará inicio al proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, incluida dentro de la Ley Bases, cuyo proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional.
“Se va a organizar un programa de propiedad participada de hasta el 5% del capital accionario. El 51% restante quedará en manos del Estado nacional”, concluyó.
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