El gobierno republicano amenaza a Columbia con revocarle su acreditación como institución de educación superior, y a Harvard con retirarle los fondos públicos si no cambia sus políticas contra el antisemitismo.
Las mayores presiones apuntan contra las protestas de 2024 en rechazo a la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, pero también existen otras líneas políticas que las autoridades intentan imponer.
Columbia recibió el martes pasado el aviso formal de que su acreditación como institución de educación superior “podría estar en peligro” después de la denuncia que presentó en su contra el Departamento de Estado el 4 de junio.
El Estado acusó a la universidad de incumplir los estándares que exige la Comisión de Educación Superior, encargada de las acreditaciones de estos centros de estudios, porque, según afirma, no protegió lo suficiente a sus estudiantes judíos.
Columbia tiene plazo hasta el 3 de noviembre para presentar pruebas de que “ha logrado y puede mantener el cumplimiento continuo” de esas exigencias. Perder la acreditación supondría dejar de contar con financiamiento estatal federal y que sus estudiantes dejaran de recibir becas y préstamos para pagar matrículas.
En respuesta, la universidad emitió un comunicado en el que afirma que está “profundamente comprometida en la lucha contra el antisemitismo” en su campus y también en que este sea “un lugar abierto e inclusivo” para estudiantes, docentes y otros trabajadores. Manifestó además su voluntad de trabajar con la Comisión de Educación Superior.
También la Universidad de Harvard recibió una comunicación de las autoridades esta semana.
El gobierno le notificó que una investigación sobre las políticas de inclusión que aplica concluyó que había violado los derechos civiles de estudiantes judíos e israelíes.
Alan Garber, presidente de la institución, fue advertido de que si no se implementan “cambios adecuados de inmediato”, la universidad enfrentará “la pérdida de todos los recursos financieros federales y seguirá afectando la relación de Harvard con el gobierno federal”.
En este caso, la carta, citada por CNN, señala como ejemplos de violación de derechos civiles de estudiantes –en particular, de un artículo que “prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional” – que algunos estudiantes judíos tuvieron que ocultar símbolos religiosos como la kipá para evitar agresiones y que se vieron pintadas de una bandera israelí con una esvástica en el medio.
La administración Trump ya le había reclamado a Harvard que modificara sus protocolos sobre antisemitismo y le había exigido que el Ejecutivo se encargara de supervisar la ideología de los estudiantes al admitirlos en esa institución y del personal al momento de contratarlo.
La negativa de la universidad a este tipo de supervisión llevó a que el gobierno anunciara que congelaría más de 2.000 millones de dólares que el Estado destina a esa institución. Ante esta medida, Harvard demandó al gobierno por violación de la Primera Enmienda y del debido proceso.
Además, la universidad divulgó las conclusiones de sus propios informes sobre antisemitismo y antiislamismo, e informó que en los meses que siguieron a los atentados de Hamas en Israel, el 7 de octubre de 2023, y de la ofensiva israelí lanzada entonces en la Franja de Gaza, estudiantes judíos y musulmanes se sintieron inseguros en las instalaciones de la institución. Anunció que la universidad está trabajando para superar esto.
Estas medidas, desde el congelamiento de fondos hasta la decisión tomada en mayo de retirarle a Harvard el permiso de matricular estudiantes extranjeros, están en litigio en los tribunales y algunos jueces dispusieron que se suspendan.
En el caso de Harvard, hubo además un diálogo con el gobierno en busca de acercar posiciones, pero por el momento las diferencias se mantienen. Varias universidades se resisten a marcar un precedente que habilite una mayor incidencia del gobierno en las cuestiones internas.
Trump tiene entre sus objetivos que sus políticas permeen las prácticas universitarias, y en algunos casos lo ha logrado.
La Universidad de Pensilvania anunció el martes que impedirá a las atletas transgénero participar en deportes femeninos, después de que el gobierno acusara a esa institución de violar los derechos civiles al “permitir a un hombre competir en programas atléticos femeninos”.
Según la agencia de noticias Efe, esa acusación apuntaba al caso de la nadadora transgénero Lia Thomas, a la que la universidad le retirará sus títulos.
En Texas, donde el gobierno del estado está alineado con el de Trump, las autoridades pidieron a las universidades públicas que retiren el beneficio de las matrículas reducidas a los estudiantes que residen allí pero no son ciudadanos estadounidenses y que eran beneficiados por una ley específica, la Texas Dream Act.
Se estima que esto afectará a unos 73.000 estudiantes, casi la quinta parte del total de la matrícula de esas instituciones.
La Diaria
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