Autorizan a que el dueño venda una propiedad por la que condenaron a Lula

La principal prueba contra Lula en la última condena en su contra, de febrero de este año, fue que aceptó reformas en un inmueble en Atibaia, en las afueras de San Pablo, como soborno por beneficiar contratos de las empresas Odebrecht y OAS. Lula siempre dijo que el inmueble no era suyo y pidió que le trajeran alguna prueba para desmentirlo. Ahora, el hombre que aparece como propietario real, fue autorizado a venderlo, lo que deja a la causa contra el ex presidente brasileño por lo menos en el territorio del absurdo.

Este caso era una mancha más en el historial del ex dirigente metalúrgico, que había sido detenido en abril de 2018 en el marco de una serie de procesos abiertos por el entonces juez Sergio Moro, una suerte de Claudio Bonadío a la brasileña, que ahora ocupa el cargo de Ministro de Justicia de Jair Bolsonaro.

En ese caso, se trataba de una presunta maniobra por la cual empresas constructoras habían hecho reformas en un departamento triplex ubicado en Guarujá que según la acusación había comprado Lula con su esposa, Marisa Leticia, con fondos prevenientes de favores en contratos con Petrobras. La condena fue de 9 años y tres meses de prisión, aumentada luego en un tribunal de alzada a 12 años. Esta fue la justificación para que el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) le negara la posibilidad de ser candidato a la presidencia en octubre del año pasado, cuando marchaba primero por lejos en las encuestas. Con la «pequeña ayuda» de Moro, Bolsonaro llego al Palacio del Planalto y lo recompensó con una cartera en su gabinete el 1 de enero.

En febrero pasado, y como derivación también de la llamada Causa Lava Jato, se le sumó la condena de 12 años y 11 meses por las reformas en Atibaia. La acusación dice que las constructoras hicieron reformas en esa casa de campo como una coima por «servicios prestados “durante la gestión presidencial del dos veces mandatario.

Como pruebas «contundentes» se arguyó que Lula iba siempre a esa hacienda a descansar, y que era el dueño oculto. Su defensa fue que efectivamente iba con cierta regularidad a Atibaia, pero porque era invitado por su amigo, el ex alcalde de Campinas, Jacó Bittar.

Según la sentencia, el fundador del Partido de los Trabajadores recibió unos 270 mil dólares para pagar las reformas. «El condenado recibió una ventaja por ocupar el cargo de presidente de la República, de quien se exige un comportamiento ejemplar como el mayor mandatario», dictaminó la jueza Gabriela Hardt en su fallo. Sin dejar nunca bien establecido cómo probó que LuIz Inacio da Silva era el verdadero dueño o, de manera indirecta, que Fernando Bittar, elhijo del ex alcaldede Campinas, era simplemente un testaferro.

Lo interesante en este extraño caso judicial es que en el mismo mes de febrero los abogados de Bittar presentaron un pedido para que le dieran vía libre a la posibilidad de vender esa residencia alegando que tenía otros proyectos más provechosos para ocupar su dinero, que ya no la visita y que el hecho de que Santa Bárbara, como se denomina a la propiedad, esté confiscada por la justicia, implica una pérdida considerable para su peculio.

Finalmente, la semana pasada el Ministerio Pública Fiscal se manifestó favorable al pedido de Bittar, aunque con ciertas salvedades. Primero exigió una valuación judicial del predio para que el dueño lo ponga en venta al valor mínimo indicado por los peritos. Luego, que debe presentar la propuesta del comprador ante los magistrados y finalmente, que el dinero obtenido sea depositado en una cuenta judicial.

Por este mismo proceso, fueron condenados otras 11 personas, entre ellos los directivos de Odebrecht.

Para la jueza, el sitio fue más utilizado por Lula que por el propietario y que el político se benefició de las reformas, presuntamente pagadas por Odebrecht y OAS. Por este mismo proceso, fueron condenados otras 11 personas, entre ellos los directivos de Odebrecht.

La sentencia de Hardt fue recurrida por la defensa de Lula entre otras cuestiones formales, porque es «un copy paste de la sentencia de Moro por el triplex de Guarujá». Además de que tampoco hay pruebas de que Lula sea el propietario. Hardt sustituyó a Moro en 2017 y llamó a declarar a Lula en noviembre pasado.

En su dictamen la jueza dijo que el ex presidente solicitó el dinero para las reformas «que fueron recibidas indebidamente en razón de la función pública por él ejercida, importando poco, por el tipo de delito, que estas se dieran parcialmente después del final del ejercicio de su mandato”.

En abril, y por unanimidad, el STJ redujo la condena a Lula a 8 años y 10 meses de cárcel en el caso del triplex, con lo que podría quedar en un régimen semiabierto, o sea con derecho al trabajo diurno, a finales de septiembre, poco antes de completar un año y medio en la cárcel.

Lula no se mostró conforme con este dictamen, ya que sostiene que es inocente y que una reducción de pena no es una declaración, como espera que alguna vez ocurra, de que no es un delincuente.

Al mismo tiempo, espera ansioso poder salir aunque sea transitoriamente de la celda del edificio de la Policía Federal de Curitiba ya que espera poder casarse entonces con su nueva novia, la socióloga Rosángela da Silva, empleada en Itaipú Binacional. La empresa, que explota la central hidroeléctrica brasileño paraguaya, en el marco de un plan de austeridad, decidió trasladar sus oficinas centrales a Foz do Iguaçu, con lo que ella se alejaría 630 kilómetros de su enamorado.

Estas dos no son las únicas causas contra el líder obrero, que a todo esto no tiene sentencia firme en ninguna. En total fueron siete procesos, de los que aún faltan resoluciones en cinco: uno por obstrucción a la Justicia mediante una presunta maniobra para comprar el silencio de Nestor Cerveró, ex ejecutivo de Petrobras.

Otro caso es el de una denuncia por la supuesta ayuda para que Odebrecht obtuviera créditos del Banco Naciuonal de Desarrollo de Brasil para una obra en Angola. Un expediente similar se bçabrió para investigar su hubo delito en la obtención de contratos con el estado de la consultora Marcondes & Mautoni que derivaron en la compra de 36 cazas suecos Gripen. La constructora también habría comprado el terreno que sirvió como sede de la Instituto Lula de Sao Pablo. Parece calcado el proceso que l e abrieron por haber favorecido a empresas automotrices a cambio, presuntamente, de fondos para el PT.