Se presentaron las acusaciones previstas en el reglamento. Se acortan los pasos para que o trate el plenario.
Hoy se presentaron ante la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur las acusaciones formales previstas en el reglamento, a partir de lo cual restan solo dos pasos: El primero es el “traslado a Rodríguez Simón para que haga su descargo. Luego se enviará al plenario, que es quien puede expulsar”, explicó a Tiempo la parlamentaria del Frente de Todos, Cecilia Britto, autora de uno de los documentos junto con el que presentó su colega, Jorge Vanossi.
La semana pasada, el cuerpo había aprobado el inicio del proceso de juicio político contra quien está señalado como el principal operador judicial del gobierno del expresidente Mauricio Macri y que ante una citación de la justicia argentina se profugó al Uruguay argumentando ser un “perseguido político”.
En su texto de denuncia, Britto pide “la separación inmediata del Parlamento del Mercosur del parlamentario Fabián Rodríguez, señal que debemos enviar al interior de cada estado miembro, de que este cuerpo colegiado no permitirá tener entre sus miembros a quien deliberadamente e intencionalmente elude la justicia interna de su país, al cual representa en este ámbito internacional”.
La presentación señala que “Pepín” busca “esconderse en el país vecino, sede del Parlamento del Mercosur, para evitar dar explicaciones del accionar en los años en los que hizo uso y abuso de poder, del que todos los parlamentarios también fuimos víctimas, cuando desprestigiaba nuestra labor en este organismo”.
En la presentación se expone que el juicio “es necesario y corresponde una sanción política ejemplar del Pleno”. También recuerda que la propia jueza de la causa, María Servini, señaló en una resolución que «luego de más de dos años de trámite no se le ha impuesto ninguna medida cautelar ni real que pudiera dar un viso de verosimilitud al temor que el imputado pretende sostener y, mucho menos, a lo que denomina ‘persecución política’”.
El plenario, conformado por 120 parlamentarios de cada uno de los países miembro, será el encargado de aprobar o rechazar la permanencia de Rodríguez Simón en el cuerpo, un proceso que, se estima, puede extenderse incluso meses. La fecha de esa sesión aún no fue establecida y su resultado no cambiará la situación procesal del involucrado, aunque sí tendría impacto político, sobre todo en la Argentina.
“Su conducta es un ataque a las instituciones democráticas; a la forma de gobierno democrático, representativo y federal; por violaciones graves y sistemáticas a obligaciones concretas que le caben en una causa federal que se instruye en su país”, señaló Britto en la presentación a la que accedió Tiempo.
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